La situación del mercado inmobiliario en Cuba ha experimentado un cambio notable tras la pandemia de COVID-19 y la subsiguiente ola migratoria, especialmente después de la apertura de fronteras y la facilitación de visados hacia Nicaragua. Este fenómeno ha llevado a una saturación de ofertas de viviendas en venta, provocando una caída significativa en los precios debido a la urgencia de muchos propietarios por vender sus inmuebles para financiar su salida del país.
Se estima que en los últimos dos años, alrededor de 400,000 cubanos han abandonado la isla, muchos de ellos buscando liquidar sus activos, incluidas sus viviendas, para costear el viaje. La ley de oferta y demanda ha hecho que, ante un exceso de propiedades en el mercado, los precios hayan disminuido notablemente, situación agravada por la prisa de los vendedores por obtener liquidez.
En la isla no existe un sistema oficial de mercado inmobiliario ni agentes de bienes raíces que registren las transacciones y los precios promedio de las propiedades. Sin embargo, un vistazo a las redes sociales revela que las ofertas de venta superan ampliamente a las de compra.
Un caso ilustrativo es el de Josefina, una mujer que intenta vender un apartamento en el municipio Cerro, heredado de su madre. A pesar de estar en buenas condiciones y haber reducido su precio inicial de 10,000 dólares a 4,000, no ha logrado encontrar comprador. Este caso refleja la realidad de muchos propietarios que, a pesar de rebajar significativamente los precios, no encuentran interesados en adquirir sus propiedades.
La situación ha llamado la atención de inversores extranjeros, especialmente cubanoamericanos, que ven en los bajos precios una oportunidad de inversión a largo plazo, esperando que las propiedades se revaloricen en un futuro escenario post-castrista. Sin embargo, invertir en Cuba conlleva riesgos considerables, como la falta de financiamiento, la inestabilidad económica y política, y la inseguridad jurídica.
