En un dramático suceso que refleja la cruda realidad de la vivienda en Cuba, más de 100 personas fueron desalojadas de un edificio ubicado en La Habana Vieja, que presenta serios daños estructurales y se encuentra al borde del colapso inminente. El inmueble en cuestión, identificado como el número 70 de la calle Factoría, entre Corrales y Apodaca, ha sido el epicentro de un desalojo que ha dejado al descubierto la precaria situación habitacional en la capital cubana.
Según informes de Radio Televisión Martí, las autoridades comunistas alegan que los desalojados se encontraban residiendo «ilegalmente» en el edificio, el cual desde hace años fue declarado «en peligro de derrumbe». Sin embargo, la Dirección de Viviendas no llevó a cabo una clausura adecuada, permitiendo el ingreso ilegal de personas que se asentaron en su interior hasta mediados de esta semana.
Una vecina, bajo condición de anonimato, reveló a la emisora: «Ese edificio estaba declarado inhabitable, y a todas las personas que habitaban ahí se les otorgó vivienda o albergue como corresponde. Después, entraron personas que se considera ilegales. No se tapió a tiempo, y ellos penetraron debido a la dificultad de vivienda».
Entre los residentes «ilegales» se encontraban familias con niños, ancianos y ciudadanos oriundos de otras provincias. Una funcionaria anónima de la Dirección de Viviendas de La Habana Vieja confirmó que varios desalojados fueron devueltos a sus lugares de origen.
Otra residente, identificada como María Elena, denunció el comportamiento perturbador de algunas personas en el edificio, mencionando la caída de un niño desde un balcón, lo que llevó a los vecinos a llevarlo al hospital. Detalló que más de 100 personas fueron trasladadas primero a una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y posteriormente, camiones llegaron para movilizar sus pertenencias.
Estos acontecimientos ponen de manifiesto la situación crítica de la vivienda en Cuba. Con datos del ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, que indican que más de 850,000 viviendas en el país presentan problemas estructurales, y con el gobierno reconociendo la imposibilidad de cumplir con el plan de vivienda para el periodo, la crisis habitacional se profundiza
