La dictadura cubana responde con retraso a las acusaciones de prácticas esclavistas presentadas ante la ONU, pero la misiva llega sin abordar las acusaciones más graves. A pesar de demorar 20 días más allá del plazo establecido, el gobierno cubano se limita a afirmar que su actuar es legítimo según el «artículo 16 de la Constitución de la República [de Cuba]». Sin embargo, evita abordar directamente las críticas a su legislación, descritas como esclavistas por los críticos.
El 75% de los colaboradores cubanos en el exterior, según declaraciones juradas entregadas a Prisoners Defenders, afirman no haber sido voluntarios, contradiciendo la afirmación del gobierno de que la relación laboral se basa en la voluntariedad. Aunque el régimen sostiene que los profesionales pueden finalizar su contrato y regresar a Cuba, la legislación migratoria cubana impone restricciones severas, incluyendo esperas de hasta cinco años para obtener permiso para dejar el trabajo.
El gobierno cubano alega que los profesionales que dejan su trabajo en el exterior no enfrentan consecuencias legales, pero documentos consulares oficiales y legislaciones vigentes indican lo contrario. La discrepancia entre la retórica oficial y la práctica deja al descubierto la complejidad de la realidad para los colaboradores cubanos en el extranjero.
Cuba justifica sus leyes migratorias argumentando la necesidad de protegerse contra lo que describe como «uso hostil y desestabilizador» de su política migratoria, pero muchos ven esto como un intento de mantener el control sobre sus ciudadanos en el exterior. Además, el reconocimiento implícito de la subordinación de los trabajadores a intereses económicos refleja una priorización de la economía sobre los derechos individuales.
A pesar de afirmar que las contrataciones se realizan mediante contratos individuales, Cuba no presenta ningún modelo de contrato o acuerdo, lo que genera dudas sobre la transparencia en estas relaciones laborales. Los testimonios de trabajadores civiles cubanos revelan una realidad distinta, con un alto porcentaje afirmando no haber ido voluntariamente al exterior.
En cuanto a la garantía de satisfacción de las necesidades básicas de las familias de los colaboradores en Cuba, las recientes reformas que eliminan subsidios familiares plantean interrogantes sobre esta afirmación. Además, la promesa de remuneración suficiente en el exterior contrasta con los bajos salarios reportados por los médicos cubanos en misiones internacionales. ¿Libertad voluntaria o restricciones encubiertas? La verdad tras las misiones internacionales cubanas.
