En un contexto de creciente emigración y dificultades económicas, el gobierno cubano ha implementado una nueva política que afecta directamente a los ciudadanos que planean viajar al extranjero por más de dos meses. A partir del 1 de enero de este año, la Resolución 101/2023 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) establece que los cubanos que salgan del país por un período superior a dos meses deben darse de baja en la libreta de abastecimiento, un documento que controla la distribución de alimentos y otros productos básicos.
Esta medida, anunciada por Rosa Cañizares Oquendo, directora en funciones de la Dirección Estatal de Comercio en Ciego de Ávila, obliga a los viajeros a realizar este trámite antes de su partida. La normativa también flexibiliza el proceso, permitiendo que cualquier persona mayor de 18 años pueda gestionar la baja, no solo el jefe del núcleo familiar.
Sin embargo, esta política ha generado incertidumbre entre los cubanos, especialmente en relación con las posibles consecuencias de no cumplir con este requisito antes de viajar. La medida se implementa en un momento en que un número significativo de cubanos ha emigrado, buscando mejores oportunidades en el extranjero.
La Resolución 101/2023 también establece procedimientos específicos para la baja en la libreta en casos de fallecimiento, encarcelamiento y admisión en instituciones como hogares de ancianos. Los directivos de organismos estatales que autorizan estancias prolongadas en el extranjero deben asegurarse de obtener el comprobante de baja de la libreta de sus empleados y custodiarlo hasta su regreso.
Esta nueva regulación refuerza el sistema de control y racionamiento del consumo en Cuba, un país donde la «libreta de abastecimiento» ha sido un pilar del sistema de distribución desde 1963. La medida ha sido criticada por algunos, quienes la ven como una forma de penalizar a aquellos que buscan oportunidades fuera de la isla.
