El Ministro de Finanzas y Precios de Cuba, Vladimir Regueiro Ale, anunció cambios significativos en la política fiscal hacia las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la isla. A partir del 1 de enero de 2024, estas empresas ya no gozarán de las exenciones de impuestos que habían sido implementadas anteriormente.
Esta decisión se basa en estudios realizados por la Oficina de Administración Tributaria, que indican que las mipymes han alcanzado niveles de ingreso que les permiten contribuir al presupuesto del Estado. Según Regueiro, la suspensión de los beneficios fiscales busca asegurar que todos los actores económicos aporten de manera equitativa al presupuesto nacional.
Entre los impuestos que ahora deberán pagar las mipymes se incluyen un impuesto sobre los ingresos personales y una contribución especial a la Seguridad Social para el personal contratado. Además, se aplicará un impuesto del 10% sobre las ventas y servicios, cuyos ingresos se destinarán a los presupuestos municipales.
En un esfuerzo por impulsar la producción de alimentos, el gobierno ha decidido reducir el impuesto sobre los ingresos personales en el sector agropecuario entre un 2% y un 5%. Además, se introducirá un impuesto por la ociosidad de las tierras, no con un enfoque recaudatorio, sino como un incentivo para el uso y explotación productiva de los campos.
Estos cambios fiscales probablemente tendrán un impacto en los precios de los productos y servicios ofrecidos por el sector privado, ya que las mipymes buscarán compensar el aumento de sus cargas fiscales.
Estas medidas se enmarcan en un contexto más amplio de reformas económicas en Cuba. En diciembre de 2023, el gobierno ya había anticipado la implementación de medidas para estimular la importación de materias primas para la producción nacional y desincentivar la importación de productos terminados, especialmente aquellos que se fabrican en Cuba.
A principios de 2024, el Ministerio de Economía y Planificación aprobó 133 nuevas mipymes, elevando el total de negocios privados a casi 10,000 desde 2021. Cabe destacar que algunas de estas empresas privadas tienen vínculos directos con el gobierno o están en manos de familiares y amigos de altos funcionarios.
