El Gobierno de Cuba ha dado a conocer importantes cambios en su política fiscal, específicamente dirigidos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Esta reforma, que ha generado considerable controversia, implica un aumento en los impuestos a la importación de productos terminados y una reducción en las tasas arancelarias para la importación de materias primas y bienes intermedios, con un enfoque particular en la producción agropecuaria y alimentaria.
El ajuste arancelario afecta a productos emblemáticos como tabacos, cigarros, rones y cervezas, con el propósito de desincentivar la importación desordenada de productos finales, identificada como una causa de inflación y elevación de precios al consumidor.
El Primer Ministro, Manuel Marrero, ha destacado la disposición del gobierno a considerar reducciones adicionales o incluso la eliminación de impuestos en productos esenciales para los emprendedores cubanos. Simultáneamente, se ha anunciado la creación de una entidad gubernamental para supervisar las MIPYMES, buscando asegurar que los cambios generen beneficios equitativos para todas las partes involucradas.
La reforma tributaria surge como respuesta al reconocimiento del fracaso del «ordenamiento económico» y la incapacidad de lograr el crecimiento proyectado del 3% del PIB. Manuel Marrero ha cuestionado la importación descontrolada de productos listos para la venta y su impacto negativo en la economía.
El Primer Ministro también ha señalado las desigualdades en los aranceles disfrutados por empresas estatales y no estatales, destacando la necesidad de regular y auditar estas prácticas. El enfoque se centra en estimular la importación de materias primas y desincentivar la de productos terminados, especialmente aquellos que ya se producen localmente.
Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), se une a las críticas, resaltando que la mayoría de las MIPYMES no contribuyen a la creación de riqueza en el país. La medida, aunque controvertida, refleja la determinación del gobierno cubano de reorientar la economía y garantizar un desarrollo más equitativo.
