En un contexto de reconocimiento del fracaso del “ordenamiento económico” y la imposibilidad de alcanzar el crecimiento proyectado del 3% para el Producto Interno Bruto (PIB), el gobierno cubano ha decidido emprender una cruzada contra las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que importan productos terminados. Esta decisión, anunciada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, refleja una preocupación creciente por el impacto de estas importaciones en la economía nacional.
Durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura, Marrero Cruz realizó un análisis crítico sobre el papel de las Mipymes en la economía cubana. A pesar de la proliferación de estos “nuevos actores económicos”, promovidos por el régimen, el primer ministro concluyó que no han logrado generar una riqueza significativa ni un volumen considerable de empleo. En su discurso, Marrero Cruz señaló que las importaciones masivas y desordenadas de productos terminados no han contribuido a reducir la inflación ni los precios, sino que han generado más problemas.
En respuesta a esta situación, el gobierno cubano ha decidido implementar una serie de medidas regulatorias. Estas incluyen la reducción del 50% en el pago de aranceles por las importaciones de materias primas y bienes intermedios, con un enfoque especial en la producción agropecuaria y de alimentos. Paralelamente, se incrementarán las tarifas arancelarias para la importación de productos terminados que ya se producen en el país, como tabacos, cigarros, rones y cervezas.
Además, Marrero Cruz anunció la creación de un mecanismo financiero diferenciado para la producción nacional de alimentos, tanto en moneda nacional como en divisas, que se basará en los ingresos generados. Estas medidas buscan estimular la importación de materias primas para la producción en Cuba y desincentivar la importación de productos listos para la venta, especialmente aquellos que ya se fabrican en la isla.
Sin embargo, más allá de estas decisiones, el primer ministro expresó su descontento con los altos márgenes de utilidad de las Mipymes y prometió una auditoría exhaustiva de sus libros contables. Marrero Cruz criticó la rápida acumulación de riqueza por parte de algunos empresarios privados y advirtió sobre la detección de problemas contables y prácticas de evasión fiscal en estas empresas.
Estas medidas y declaraciones reflejan la tensión entre el gobierno y el sector privado en Cuba. Aunque las Mipymes han mostrado un crecimiento en ventas, el gobierno busca regular y controlar su impacto en la economía nacional. La preocupación del gobierno por la influencia del capitalismo y la necesidad de mantener el control estatal sobre la economía se manifiesta en estas nuevas regulaciones, que podrían tener un impacto considerable en el desarrollo y la dinámica del sector privado en la isla.
El presidente de la ANPP, Esteban Lazo Hernández, ya había señalado en agosto la necesidad de revisar las “distorsiones” en el emergente sector privado. Las Mipymes, que han triplicado sus ventas de bienes y servicios en comparación con el mismo período del año anterior, según datos oficiales, ahora enfrentan un futuro incierto con estas nuevas regulaciones y la posibilidad de que la actividad económica privada en Cuba sea nuevamente puesta en la picota.
