El régimen cubano ha intensificado su postura represiva al amenazar con extraditar y enjuiciar en ausencia a ciudadanos cubanos exiliados incluidos en la reciente «Lista Nacional de Terroristas». Este anuncio se realizó en el programa televisivo estatal «Razones de Cuba», conducido por Humberto López, quien junto a tres funcionarios del régimen, discutió las implicaciones legales y las posibles acciones contra los activistas y opositores cubanos en el extranjero.
Pilar Varona, viceministra de Justicia; Marcos Caraballo de la Rosa, vice fiscal general, y el Teniente Coronel Francisco Estrada, jefe de Departamento en el Órgano de Instrucción de la Seguridad del Estado, explicaron las bases legales que permitirían al gobierno cubano proceder con estas acciones. Según la legislación cubana, incluido el reciente Código Penal, es posible solicitar la extradición de personas acusadas de delitos para ser procesadas o juzgadas. El Artículo 720 del Código Penal, referente a la Cooperación Penal Internacional, y el Artículo 742.1, sobre «Asistencia Penal Internacional», fueron citados como fundamentos para estas acciones.
Caraballo de la Rosa destacó que el régimen podría cooperar con autoridades de terceros países para identificar y localizar a los acusados, así como para inmovilizar o congelar cuentas y propiedades. El Teniente Coronel Estrada añadió que algunos de los individuos en la lista ya tienen notificaciones rojas de Interpol, lo que facilitaría su detención en cualquier país.
El programa también abordó la posibilidad de realizar juicios en ausencia, una práctica que permite enjuiciar a personas que no están físicamente presentes en Cuba. Esta medida se contempla para aquellos que evadan citaciones judiciales o cuyo paradero sea desconocido, según el Artículo 756.1 del Código Penal.
Estas amenazas del régimen cubano reflejan un aumento en la represión y el uso del terrorismo de Estado contra la disidencia. Las sanciones asociadas a estos delitos son extremadamente severas, incluyendo largas penas de prisión, cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este endurecimiento de la postura del gobierno cubano contra sus ciudadanos en el exilio evidencia una estrategia de intimidación y control que busca silenciar cualquier forma de oposición o crítica al régimen, tanto dentro como fuera de la isla.
