El gobierno cubano ha revelado cifras alarmantes sobre feminicidios en el país, con un total de 117 casos reportados hasta octubre de 2023. Esta cifra, presentada por la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, durante el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, supera los registros de organizaciones feministas independientes, que hasta mediados de diciembre habían contabilizado 81 feminicidios.
Las provincias más afectadas por la violencia machista incluyen Matanzas, La Habana, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Según Peña Ojeda, la mayoría de estos crímenes ocurrieron en hogares compartidos por parejas, dejando a 70 niños y adolescentes huérfanos de madre.
La vice primera ministra Inés María Chapman destacó la existencia de una “estrategia integral” del gobierno para erradicar la violencia de género, como parte del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM). Esta estrategia implica el registro, seguimiento y atención de casos de feminicidio y violencia de género.
A finales de noviembre, el régimen cubano ya había reconocido un incremento en los feminicidios y denuncias de violencia contra mujeres en el primer semestre de 2023. Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, y Yamila Peña Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, señalaron un aumento en las denuncias, atribuyéndolo a un mayor respaldo y seguridad para las mujeres a la hora de denunciar, así como a la construcción de un marco normativo y protocolos de actuación.
Sin embargo, las organizaciones feministas independientes en Cuba han jugado un papel crucial en la vigilancia y protección de las víctimas, demandando mayor transparencia y acceso a datos sobre violencia de género por parte del estado. Estas organizaciones han resaltado la necesidad de un protocolo de actuación ante desapariciones, dada la creciente preocupación por el número de mujeres desaparecidas en el país.
Este panorama refleja la urgente necesidad de acciones efectivas y colaboración entre el gobierno y organizaciones independientes para proteger a las mujeres cubanas y combatir la violencia de género en la isla.
