El régimen cubano llevó a cabo un juicio público contra tres ciudadanos cubanos (un hombre y dos mujeres) acusados de cometer actos de sabotaje contra el Archivo del Tribunal Popular de Centro Habana. Este juicio, que se ha demorado un año desde los incidentes ocurridos en el verano de 2022, se enmarca en un contexto de tensión política, donde las autoridades cubanas acusan a Estados Unidos y a cubanos residentes en ese país de financiar actos terroristas en la isla.
Las penas solicitadas por la fiscalía para los acusados varían entre 30, 25 y 20 años de prisión, dependiendo de su nivel de participación en el sabotaje. Según los informes, los implicados lanzaron cocteles molotov en el Archivo Municipal y colocaron carteles en contra del régimen, además de actuar en la sede de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), donde presuntamente hirieron a una persona.
Lázaro García Ríos, identificado como el principal acusado, admitió haber lanzado los cocteles molotov y haber coordinado las operaciones en contacto con cubanos residentes en Estados Unidos.
Yusedi Pérez, presidenta del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana, expresó a la prensa oficialista su preocupación por la seguridad de los jueces, señalando que no están acostumbrados a enfrentar ataques a las instituciones. «Este es un país donde los jueces caminamos por las calles, montamos guaguas, somos parte del pueblo y estamos en las colas. No estamos acostumbrados a recibir este tipo de tratamientos», declaró Pérez.
El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, y según las autoridades, los acusados recibieron financiamiento del exterior a través de recargas telefónicas y otros medios no especificados.
Pérez también destacó que en casos de terrorismo, las leyes cubanas contemplan sanciones severas, incluyendo hasta 30 años de prisión, cadena perpetua o la pena de muerte.
Paralelamente, el régimen cubano denunció la entrada ilegal de un presunto terrorista en moto acuática en el municipio Martí, en Matanzas. Humberto López, vocero oficialista, afirmó que hay evidencias de la organización de acciones terroristas contra Cuba y subrayó que desde el exilio se están planificando actos violentos y desestabilizadores que involucran a ciudadanos residentes en el país.
