En una decisión significativa, la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde el pasado lunes al proyecto de ley No Marcas Robadas Reconocidas en Estados Unidos. Esta legislación tiene como objetivo principal restringir el uso y la validación de marcas confiscadas por el régimen cubano desde 1959, marcando un hito en la protección de los derechos de propiedad intelectual.
La iniciativa, reportada por Martí Noticias, busca salvaguardar los derechos de los empresarios cuyas marcas y bienes fueron confiscados por el régimen castrista. La prohibición propuesta entraría en vigor a menos que exista evidencia clara de un consentimiento otorgado por el propietario original de la marca comercial, estableciendo un marco legal claro y protector.
El representante cubanoamericano Mario Díaz-Balart expresó su respaldo a la iniciativa, subrayando el amplio respaldo bipartidista que busca proteger los derechos de propiedad de aquellos cuyos activos fueron confiscados por el régimen de Castro. Este apoyo bipartidista destaca la importancia y el consenso sobre la necesidad de abordar esta cuestión.
El proyecto de ley, presentado por los legisladores Darrell Issa y Debbie Wasserman Schultz, cuenta con el respaldo de otros 17 congresistas, incluidos los cubanoamericanos María Elvira Salazar, Díaz-Balart y Carlos Giménez. La diversidad de apoyo refleja la unidad en torno a la defensa de la propiedad intelectual y la condena de prácticas que comprometan estos derechos fundamentales.
Darrell Issa resaltó la gravedad de la situación al señalar que el régimen cubano ha llegado al extremo de vender productos en Estados Unidos y en todo el mundo que fueron previamente robados, como es el caso del reconocido ron Havana Club. Este ejemplo ilustra la urgencia de abordar la situación y proteger a los propietarios originales de las marcas confiscadas.
El proyecto de ley propone medidas concretas al prohibir a los tribunales estadounidenses y a las agencias del poder ejecutivo hacer cumplir o validar marcas confiscadas si pertenecen a un negocio o activo confiscado, a menos que el propietario original de la marca haya otorgado su consentimiento expreso.
