La reciente publicación del anteproyecto de la Ley de Salud Pública en Cuba ha generado un debate importante en el país caribeño, ya que esta normativa excluye la regulación de la eutanasia, un tema que había sido discutido previamente en la versión inicial del documento.
Según José Ángel Portal Miranda, Ministro de Salud Pública de Cuba, la decisión de no incluir la eutanasia en la ley se basa en la necesidad de contar con una normativa jurídica más completa, que solo será elaborada cuando se cumplan las «condiciones necesarias».
Dagmara Cejas Bernet, Directora Jurídica del Minsap, explicó que se están buscando asesoramientos adicionales para determinar el «momento óptimo y adecuado» para abordar las técnicas de finalización de la vida, teniendo en cuenta aspectos éticos y regulaciones sanitarias. Además, se está dedicando tiempo a evaluar las diversas situaciones de salud y las respuestas que el sistema sanitario cubano debería proporcionar, evitando el «ensañamiento terapéutico».
La exclusión de la eutanasia en la nueva Ley de Salud Pública ha llevado a algunos cubanos a plantear la hipótesis de que la falta de acceso a medicamentos esenciales para llevar a cabo la eutanasia puede ser una de las razones subyacentes.
A pesar de la exclusión en la legislación, los líderes cubanos han recordado que el derecho a una muerte digna está consagrado en la Constitución de la República de Cuba de 2019, donde se garantiza la dignidad humana como un valor supremo, incluso después de la muerte.
La eutanasia es un tema de gran complejidad ética y moral que genera debates en diversas esferas de la sociedad. Esta práctica implica proporcionar medios para causar la muerte de un individuo con el propósito de poner fin a su sufrimiento, especialmente cuando enfrentan una enfermedad incurable o una condición médica extremadamente dolorosa y debilitante.
La legalidad de la eutanasia varía ampliamente en todo el mundo. Hasta la fecha, solo un puñado de países, como Bélgica, Países Bajos, Canadá, Colombia, Luxemburgo, España y algunas jurisdicciones de Australia y Estados Unidos, reconocen la eutanasia como un derecho bajo circunstancias específicas y reguladas.
Los principales debates en torno a la eutanasia giran en torno a dilemas éticos, morales y religiosos. Algunos defienden la autonomía del individuo y su derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo y vida, especialmente cuando enfrentan un dolor y sufrimiento insostenibles. Otros argumentan en contra de la eutanasia, citando el principio médico de «no hacer daño» y convicciones religiosas que consideran la vida como sagrada.
Además, se plantea la preocupación por posibles abusos y decisiones no completamente voluntarias en relación con la eutanasia, así como la presión que pueden sentir las personas con enfermedades crónicas o discapacidades para optar por esta opción. La discusión también resalta la importancia de mejorar los cuidados paliativos, ofreciendo alternativas de acompañamiento y alivio del dolor que respeten la dignidad y calidad de vida del paciente hasta su muerte natural.
