Régimen cubano impide la salida del país a un cuentapropista que debe 9 millones de pesos en impuestos a la ONAT

Redacción

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El gobierno cubano ha restringido la salida del país a un ciudadano que debe nueve millones de pesos en impuestos a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).

Bajo el encabezado «Contribuyentes regulados: un asunto sencillo y a la vez complicado», el periodista Enrique Ojito abordó el caso de un residente de Sancti Spíritus con una significativa deuda fiscal, con el objetivo de esclarecer las regulaciones y defender a las autoridades de acusaciones de «arbitrariedad».

Ojito defendió el acuerdo entre la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) y la ONAT que impide a los deudores viajar al extranjero hasta que salden sus deudas con el Estado. Yudith Navarro Ricardo, encargada del departamento de cobranza de la ONAT, detalló que desde la firma de este acuerdo en 2022, se ha restringido la salida a unos 600 contribuyentes con deudas «significativas».

La colaboración entre la DIIE y la ONAT ha causado controversia en redes sociales y medios independientes. Ojito, en respuesta, citó leyes y regulaciones que otorgan a la ONAT la autoridad para sancionar a quienes no paguen sus impuestos y enfatizó que los contribuyentes son informados de posibles restricciones antes de intentar viajar.

En la provincia de Sancti Spíritus, Roberto Gutiérrez Medina, director provincial de la ONAT, confirmó que se ha impedido la entrada al país a dos contribuyentes debido a sus deudas, mientras que otros 16 han sido restringidos de salir de Cuba por razones similares. Uno de estos individuos, que adeuda 9 millones de pesos a la ONAT, ya ha pagado 4 millones.

Ojito, defendiendo las acciones del gobierno, subrayó la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y respetar las leyes. También mencionó las declaraciones de Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), quien defendió la confiscación de bienes como una sanción efectiva contra aquellos que violan las leyes.