Desde febrero hasta septiembre de 2023, el régimen comunista de Cuba ha penalizado a más de 60 individuos debido a la «fiebre del oro» en Ciego de Ávila. Estas personas han sido vinculadas con actividades de extracción no autorizada de este preciado metal cerca de la mina El Pilar, la cual está bajo la operación de la firma australiana Antilles Gold en el municipio de Baraguá.
Según un reportaje del periodista del periódico estatal Granma en la región avileña, en estos momentos, 16 de estos individuos están siendo juzgados en el Tribunal Municipal de Baraguá. La severidad de las acusaciones varía: algunos enfrentan cargos por desobediencia, mientras que otros podrían recibir hasta ocho años de prisión por soborno.
El Código Penal actual también aborda delitos relacionados con la contaminación del suelo. Bajo este marco, se han llevado a cabo cinco juicios, resultando en seis condenas: tres a encarcelamiento, dos a trabajos correccionales con internamiento y una sanción alternativa de trabajo correccional sin internamiento para un joven de 18 años.
Los nueve juicios restantes, también por contaminación del suelo, se realizarán entre septiembre y octubre. La mayoría de los acusados están bajo arresto preventivo y tienen restricciones migratorias, salvo dos que lograron pagar una fianza. Adicionalmente, se han aplicado más de 90 sanciones económicas.
Durante las aprehensiones, las autoridades confiscaron 47.4 kilogramos de mineral, dos bicicletas, un vehículo de tracción animal y herramientas para la excavación y detección de metales.
Los primeros reportes sobre la minería ilegal en Ciego de Ávila surgieron en diciembre de 2021. En ese momento, la Agencia Cubana de Noticias informó sobre acciones contra 300 personas involucradas en dicha actividad.
La normativa cubana, plasmada en los artículos 251, 252 y 253 del Código Penal, estipula condenas de uno a tres años de cárcel para aquellos que incurran en la explotación no autorizada de recursos naturales. Además, la Ley 76 de Minas de 1995 declara que el Estado cubano posee el control exclusivo sobre el subsuelo y sus minerales, asegurando su protección y uso adecuado.
