La Fiscalía General de la República de Cuba ha emitido una advertencia a través de un documento publicado en su portal web, señalando que se está llevando a cabo un plan de confiscaciones dirigido a cubanos por «enriquecimiento indebido». Todo indica que una nueva ofensiva, similar al llamado «plan maceta», está lista para ser implementada contra aquellos emprendedores que han generado «demasiado dinero» según las normativas del Partido Comunista (PCC).
Según el órgano judicial, «el procedimiento administrativo confiscatorio en vigor en Cuba desde 1994 muestra un alto grado de obsolescencia en comparación con las transformaciones realizadas en el marco jurídico a través de la promulgación de la Constitución de la República de Cuba en 2019». Por lo tanto, es «urgente perfeccionar su aplicación» para garantizar «una justicia administrativa efectiva».
El informe titulado «El procedimiento confiscatorio por enriquecimiento indebido, propuesta para su perfeccionamiento en Cuba» ha sido elaborado por la licenciada Yilian Toranzo Utra, Fiscal Provincial de Las Tunas. En este documento, se reafirma que la Fiscalía tiene la autoridad legal para investigar y llevar a cabo el proceso, estableciendo que es responsabilidad del fiscal demostrar el origen del enriquecimiento y la desproporción entre los ingresos lícitos y el patrimonio real del individuo en cuestión. Mientras tanto, la persona afectada debe justificar la legalidad de sus ingresos.
El gobierno cubano ha mantenido una relación complicada con el emprendimiento y la propiedad privada desde 1959. Durante décadas, la economía estuvo altamente centralizada y la actividad empresarial privada fue mínima. Sin embargo, en los últimos años, especialmente durante las reformas iniciadas bajo el liderazgo de Raúl Castro, el gobierno cubano ha permitido un grado limitado de actividad empresarial privada, aunque con restricciones y sin garantías de respeto a la propiedad privada.
En julio pasado, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba y miembro del Buró Político del PCC, afirmó que el decomiso de productos y propiedades como medida punitiva es la sanción que más impacto tiene en la población. Según Lazo, lo que más afecta a la gente es que les quiten sus pertenencias, y se refería a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y a los trabajadores privados que no cumplen con las políticas de precios establecidas por el gobierno central.
