El Gobierno de Cuba se encuentra en un proceso de preparación para llevar a cabo confiscaciones por «enriquecimiento indebido» y ha anunciado cambios en los reglamentos para abordar esta tarea en el contexto actual del país.
La Fiscalía General de la República de Cuba ha publicado un comunicado en su página web en el que destaca que el «procedimiento administrativo confiscatorio» que ha estado en vigor en Cuba desde 1994 se encuentra desactualizado, especialmente en comparación con las reformas legales realizadas con la promulgación de la Constitución de la República de Cuba en 2019.
En este comunicado, el organismo estatal subraya la necesidad urgente de actualizar y perfeccionar la aplicación de estos procedimientos confiscatorios, los cuales se consideran como una «garantía para una justicia administrativa efectiva».
Se hace referencia al año 1994, cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba encomendó al Consejo de Estado la adopción de medidas efectivas y ejemplarizantes contra aquellas personas que acumulaban riqueza y bienes de manera ilegítima, al margen de lo que establecía la ley. Esta decisión fue una respuesta a las demandas de la mayoría del pueblo cubano en ese momento.
La Fiscalía insiste en que, como institución del Estado cubano, posee las facultades legales para llevar a cabo investigaciones y tramitar estos procedimientos. Además, se especifica que el fiscal debe demostrar la fuente de enriquecimiento y la desproporción entre los ingresos lícitos y el valor real del patrimonio del individuo bajo investigación.
Por otro lado, se menciona que la persona afectada tiene la responsabilidad de demostrar la legalidad de los ingresos utilizados para el crecimiento de su patrimonio, aunque la Fiscalía también debe verificar la legalidad de estos ingresos o proporcionar pruebas si el individuo no puede hacerlo.
Este procedimiento, conocido como el «enfrentamiento del Estado contra ‘los macetas'» en 1994, se enfocaba en emprendedores que, después de recibir el apoyo del régimen, fueron acusados de enriquecimiento indebido y sufrieron la confiscación de sus propiedades. Algunos de ellos enfrentaron penas de prisión, mientras que otros optaron por el exilio.
La Fiscalía ya ha realizado investigaciones preliminares para respaldar este proyecto, una de las cuales fue publicada en la web oficial bajo el título «El procedimiento confiscatorio por enriquecimiento indebido, propuesta para su perfeccionamiento en Cuba». Este documento está a cargo de la licenciada Yilian Toranzo Utra, Fiscal Provincial de Las Tunas.
Estas medidas surgen tras las recientes declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, quien abogó por una aplicación más estricta de la ley y sanciones más severas para aquellos que violen las regulaciones establecidas en el país.
