En una significativa sesión en la sala de audiencias del Tribunal de Distrito del Sur de Texas bajo la dirección del juez federal Drew Tipton, la segunda jornada del juicio sobre el parole humanitario fue un paso adelante en el proceso legal. En esta instancia, una veintena de estados republicanos presentaron sus argumentos en busca de la terminación de este programa.
La defensa, liderada por abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se enfocó en responder la pregunta crucial del juez: si la pobreza es el único requisito que justifica la otorgación de visas humanitarias a ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Paralelamente, los demandantes tuvieron que enfrentar cuestionamientos acerca de las alegaciones de pérdidas económicas que no se alineaban con datos concretos.
Aunque la buena noticia es que, hasta el momento, el juez no ha emitido una suspensión temporal del programa parole mientras se toma la decisión final.
En medio de este proceso, surge una pregunta fundamental: ¿Puede la pobreza ser un pasaporte directo hacia el programa migratorio de la administración de Joe Biden? Esta interrogante, lanzada por el juez tras escuchar los argumentos de los estados republicanos que buscan el fin del programa, resalta también la preocupación acerca de su alcance masivo.
Las fiscalías de los estados republicanos alegan que el alto número de inmigrantes que han obtenido permisos humanitarios en Estados Unidos sugiere que se están otorgando de manera generalizada, no en base a evaluaciones individuales, como dicta la ley.
En respuesta a estas preocupaciones, Elisa Fudin, abogada del Departamento de Justicia defendiendo la administración Biden, afirmó que no se trata de una aprobación masiva y que cada caso es evaluado de forma única.
Además, Fudin resaltó que algunos individuos que habían avanzado a la fase final del proceso luego de llegar a Estados Unidos fueron rechazados. Aunque no se proporcionaron cifras específicas de los rechazos, los abogados mencionaron que el programa también contribuyó a aliviar la presión sobre los recursos y agentes fronterizos en la línea entre Estados Unidos y México.
El juez Tipton también subrayó la necesidad de que los demandantes presentaran pruebas concretas de las millonarias afectaciones que alegaban debido a la llegada masiva de migrantes a sus territorios a través del programa parole. A lo largo de 10 meses, este programa ha otorgado más de 200,000 permisos de entrada a Estados Unidos.
Tipton planteó un cuestionamiento intrigante: «¿Cómo pueden afirmar pérdidas financieras cuando los datos indican que el programa parole realmente ha reducido la cantidad de migrantes que llegan a Estados Unidos en los últimos seis meses?».
El punto culminante de esta situación es el fallo del juez, una incógnita que mantiene en vilo a todos los involucrados. Si bien no se emitió una orden de suspensión temporal del programa, tampoco se emitió un veredicto sobre su legalidad. La decisión final, que podría demorar meses en ser anunciada, determinará el destino de miles de inmigrantes y el rumbo de la política migratoria bajo la administración de Biden. El camino legal continúa, y cada desarrollo marca un hito en la búsqueda de claridad en este tema de importancia nacional.
