En la nación caribeña de Cuba, recientemente se ha elevado una preocupación apremiante relacionada con la venta de dinero en efectivo y los honorarios impuestos por fuentes externas a los servicios bancarios. Estas acciones han sido tachadas de conducta ilegal por el vicepresidente del Banco Central de Cuba (BCC), Alberto Quiñones Betancourt. Durante un enlace con los medios, se destacó que estas prácticas contravienen las regulaciones establecidas y han desencadenado una respuesta diligente por parte de las autoridades financieras.
Quiñones Betancourt enfatizó la gravedad de estas acciones al señalar que «las comisiones cobradas a quienes optan por transacciones electrónicas y a quienes intercambian dinero en efectivo por transferencias, infringen la Resolución 111». Esta resolución, que exige la igualdad de condiciones para todos los canales de transacción, se ha visto desafiada por estas prácticas infractoras. A pesar de este señalamiento, las medidas específicas que podrían aplicarse a los involucrados en tales transacciones aún no se han esclarecido.
En otro aspecto, se ha expresado un optimismo cauteloso en cuanto a la implementación más rigurosa de la bancarización y su influencia positiva en los servicios financieros y en las oportunidades para la población. El funcionario declaró que «a medida que la bancarización se aplique de manera más específica con ciertos actores económicos que cumplan con los parámetros de la Resolución 111, se anticipa un impacto positivo tanto en la calidad del servicio como en las opciones financieras disponibles para la comunidad».
El análisis actualizado sobre la ejecución de estas medidas resalta el enfoque en sensibilizar a una variedad de entidades y actores sobre los fundamentos de este proceso de bancarización. Según los informes, agosto ha sido un mes en el que se ha priorizado la divulgación y el entendimiento de las regulaciones en juego.
El vicepresidente del BCC también abordó el desafío que las sucursales bancarias enfrentan en la actualidad, específicamente la limitación en la retirada de efectivo. Aclaró que esta limitación no está directamente vinculada a la Resolución 111, sino más bien a la discrepancia entre la demanda de efectivo y la capacidad actual de las sucursales para satisfacer esa demanda. Esta medida se ha adoptado con la intención de mejorar el servicio y se espera que, gradualmente, los límites sean eliminados conforme se fortalezcan las capacidades logísticas en conformidad con la Resolución 111.
