El primer día del juicio para evaluar la continuidad del parole humanitario en Estados Unidos fue marcado por la presentación de argumentos por parte de los demandantes y el equipo de abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El juez del Tribunal de Distrito del Sur de Texas, Drew Tipton, aplazó su decisión para deliberar con un grupo de asesores.
El DHS presentó un testimonio profundo de un patrocinador estadounidense que resaltó cómo el programa de parole ha ayudado a ciudadanos extranjeros a integrarse y trabajar en Estados Unidos. Esto brinda a los migrantes la oportunidad de rehacer sus vidas en un nuevo entorno.
Los estados republicanos demandantes, sin embargo, enfrentaron dificultades al presentar pruebas concretas para respaldar sus afirmaciones de que la llegada de migrantes está afectando los servicios y sistemas comunales en sus territorios.
La controversia se centra en si el DHS excedió su autoridad al crear los procesos de parole, que los estados demandantes describen como un programa de visas de facto sin aprobación del Congreso.
Estados demócratas como Nueva York y California han intervenido en el caso, advirtiendo sobre posibles consecuencias negativas si el programa se bloquea, como daños económicos, separaciones familiares y deportaciones a países inestables.
Organizaciones de derechos de inmigración y proveedores de servicios también han expresado su apoyo al programa de parole, resaltando su importancia en la vida de los migrantes.
Hasta el 22 de agosto, el DHS había otorgado más de 200,000 visas humanitarias, con los solicitantes cubanos representando el 21.5%. Aunque los estados republicanos demandantes alegan problemas, la situación sigue siendo complicada debido a la necesidad de balancear las preocupaciones de seguridad con la humanidad hacia aquellos que buscan una nueva oportunidad en Estados Unidos.
