Una parte fundamental de la política de inmigración del presidente Joe Biden, que permite un ingreso limitado de personas provenientes de Centroamérica y el Caribe a Estados Unidos por razones humanitarias, estuvo bajo debate el jueves en un tribunal federal de Texas.
Según el programa de permisos humanitarios, hasta 30,000 individuos pueden ingresar mensualmente a Estados Unidos desde países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Texas lidera una demanda presentada por 21 estados de tendencia republicana con el propósito de detener el programa, alegando que la administración de Biden ha excedido su autoridad. Otros programas implementados por el gobierno federal para reducir la inmigración irregular también han enfrentado desafíos legales.
No obstante, durante más de 70 años, la ley de inmigración ha conferido a los presidentes la facultad de otorgar dicha libertad condicional, afirmó un abogado del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de UCLA durante las declaraciones iniciales del juicio. Este centro es uno de los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes que respaldan a siete individuos que patrocinan a los inmigrantes.
El programa de libertad condicional comenzó para los venezolanos en el otoño de 2022 y se expandió posteriormente en enero. Aquellos que participan en el programa deben presentar su solicitud en línea, llegar a un aeropuerto y contar con un patrocinador financiero en Estados Unidos. En caso de ser aprobados, pueden permanecer por dos años y obtener un permiso de trabajo.
Los abogados del Departamento de Justicia, que representa al gobierno federal en la demanda, argumentaron que el programa ha tenido «un éxito considerable en la reducción de la migración hacia la frontera suroeste».
El juez federal Drew Tipton está presidiendo el juicio sobre la demanda de los estados en Victoria, Texas. Tipton, designado por Donald Trump, ya ha emitido opiniones contrarias a la administración Biden en relación a quiénes deben tener prioridad para ser deportados.
El juicio se transmitió en vivo desde Victoria a una sala de un tribunal federal en Houston y se espera que dure dos días. Tipton emitirá su fallo en una fecha posterior.
En documentos judiciales, Texas y otros estados han calificado el programa de la administración Biden como un «ejemplo extremo» de no aplicar las leyes de inmigración que exigen «conceder la libertad condicional solo en casos específicos para beneficios públicos significativos o razones humanitarias urgentes».
Si bien la demanda de los estados republicanos cuestiona el uso de la libertad condicional humanitaria para inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, no ha planteado preocupaciones en relación al uso de la misma para otorgar ingreso a decenas de miles de ucranianos debido a la guerra con Rusia.
