En el umbral de una nueva semana, comienza un juicio que ha suscitado controversia en Cuba. Leandro Pupo Garcés, un ciudadano cubano, se encuentra ante el Tribunal Municipal Popular de Banes, Holguín, enfrentando acusaciones relacionadas con su actividad en las redes sociales.
La publicación en cuestión se centró en el Ministerio del Interior (MININT) y la Seguridad del Estado (SE), dos entidades cruciales en la estructura gubernamental cubana. El caso ha suscitado inquietudes en torno a la libertad de expresión y a los derechos individuales en una sociedad donde las voces críticas a menudo encuentran obstáculos.
Desde la plataforma de Facebook, Leandro Pupo Garcés expresó su gratitud a aquellos que lo han apoyado durante este desafiante episodio. Con humildad y aprecio, señaló: «Quería agradecerle a todas las personas que han estado pendientes de mí y me han ayudado a visibilizar mi caso. Gracias, lo aprecio mucho».
El mismo canal de comunicación también sirvió como vehículo para compartir sus planes de enfrentar el proceso legal. El día siguiente, comentó su intención de retirar su perfil de la red social y entregar el dispositivo móvil en uso a su propietario.
Desde la pérdida de su teléfono en uno de los eventos que involucraron su detención previa, Pupo Garcés ha evitado llevar consigo un celular para evitar inconvenientes similares. En sus propias palabras: «Desde ese día, evito salir con celular para que no vuelva a ocurrir. Saben lo caros que están los celulares en nuestro país, y lo difícil que está la vida». Sin embargo, el perfil en cuestión permanecerá activo, siendo gestionado por otra persona mientras él se somete al proceso judicial. Si el resultado es favorable, Pupo espera recuperar su acceso y su voz en la plataforma.
Con convicción y resiliencia, Pupo Garcés sostiene que la libertad de expresión es un derecho que debe ser equitativamente compartido por todos los ciudadanos. Él argumenta que no debería ser un privilegio para algunos, mientras se niega a la mayoría. Su lucha por la igualdad ante la ley se manifiesta en su enérgico llamado:
«La libertad de expresión debe dejar de ser un derecho para unos pocos, mientras su uso a la mayoría se nos prohíba: todos o nadie. Somos diferentes, pero no debería ser así ante la ley». Sus palabras resuenan con los hashtags #SoyInocente y #OpinarNoEsDelito.
El tribunal, por su parte, acusa a Pupo Garcés de haber afectado la imagen y la credibilidad del MININT mediante su publicación. El comunicado oficial del tribunal señala que oficiales de la Seguridad del Estado del municipio de Banes se percataron de la publicación y presentaron una denuncia en consecuencia. El proceso legal se basa en el artículo 20, apartados 1 y 2, inciso a) del Código Penal vigente, específicamente en relación con la difamación de instituciones, organizaciones y figuras históricas.
El fiscal municipal de Banes ha emitido una propuesta de sanción para Pupo Garcés. Según el documento fechado el 28 de junio de 2023, se contempla una pena de cuatro años de privación de libertad, subsidiados por un período equivalente de trabajo correccional con internamiento. Esta sanción estaría acompañada por la privación de derechos de sufragio y la prohibición de salida del territorio nacional, como lo establece el artículo 42 apartado 1, inciso a) y el artículo 59.1 respectivamente.
