En un sorprendente giro que impacta profundamente en la economía privada de Cuba, el Banco Central ha implementado restricciones drásticas en los retiros de efectivo en moneda local por parte de las empresas privadas. Esta medida, en vigor desde el pasado sábado, limita a las empresas a retirar un máximo de 5000 pesos cubanos (lo que equivale a unos $22 en el mercado informal) para realizar pagos relacionados con transacciones entre «actores económicos». Esto incluye a empresas estatales, negocios privados, cooperativas y trabajadores autónomos, así como pagos de salarios y otros beneficios para los empleados.
En cuanto a transacciones que superen esta cantidad, se requerirá que se realicen a través de medios digitales o soluciones bancarias alternativas. Aunque el Banco Central ha presentado estas nuevas regulaciones como una medida para fomentar las transacciones digitales, algunos críticos opinan que se asemeja a un «corralito» que restringe el acceso a los activos bancarios.
Las pequeñas empresas privadas también enfrentarán cambios significativos, ya que ahora se les exigirá que depositen todos los ingresos en efectivo provenientes de las ventas en sus cuentas bancarias al finalizar el día siguiente. En caso contrario, podrán recurrir a empresas de transporte de dinero respaldadas por el gobierno para llevar a cabo este proceso. Si bien estas empresas aún podrán aceptar pagos en efectivo, se les alentará a proporcionar a sus clientes opciones de pago mediante tarjetas bancarias o plataformas digitales autorizadas.
Los funcionarios del Banco Central han enfatizado que estas medidas tienen como objetivo principal promover el uso de los servicios bancarios en transacciones que, especialmente en el sector privado, habían estado evitando. Además, aseguran que la intención detrás de estas regulaciones es «proteger» a la población, la cual ha expresado preocupación debido a la escasez de efectivo en circulación.
No obstante, estas decisiones podrían acarrear consecuencias significativas. La inflación galopante ha llevado al gobierno a imprimir más moneda local, pero la falta de disponibilidad de bienes en las tiendas gubernamentales ha resultado en una circulación limitada de efectivo que regresa al gobierno. En lugar de ello, el sector privado ha estado absorbiendo una mayor cantidad de efectivo.
Desde una perspectiva práctica, estas nuevas restricciones significan que las empresas privadas se verán obligadas a depositar sus ingresos en pesos cubanos, pero no tendrán la capacidad de retirar efectivo más adelante para cubrir sus gastos operativos o pagar a los proveedores. Esta situación podría tener un impacto negativo en las importaciones, ya que los propietarios de empresas no podrán adquirir dólares en el mercado informal para comprar bienes en el extranjero.
Estos cambios podrían agravar aún más la situación actual, en un momento en el cual el gobierno ya enfrenta dificultades para proporcionar alimentos y bienes esenciales a la población. Expertos temen que los precios puedan aumentar debido a la reducción de la disponibilidad de productos, lo que afectaría de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables.
Las reacciones en la comunidad empresarial cubana oscilan entre la preocupación y el escepticismo ante estas regulaciones. Un empresario anónimo expresó que esta medida busca reducir la disponibilidad de efectivo y la cantidad de negocios, lo que podría generar una mayor demanda de dólares. Otros sostienen que estas restricciones podrían llevar al cierre de empresas y tener un impacto significativo en la economía.
A pesar de las intenciones declaradas de fomentar las transacciones digitales y controlar la circulación de efectivo, la infraestructura bancaria y digital del país parece no estar preparada para este cambio. Las aplicaciones de transferencia de dinero permitidas en el país a menudo presentan fallas, y muchos establecimientos carecen de los dispositivos necesarios para realizar transacciones con tarjetas bancarias.
