En un movimiento sorprendente, el régimen cubano ha intensificado su cerco al uso de dinero en efectivo en la isla, amenazando a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) con el cierre de sus actividades si no adoptan el cobro electrónico en un plazo de seis meses.
Esta medida ha generado duras críticas por parte de los cubanos, quienes ya se encuentran lidiando con un corralito financiero que afecta tanto a empresas estatales como a negocios privados.
Betsy Velázquez, ministra de Comercio Interior de Cuba, anunció la obligatoriedad de que todos los establecimientos comerciales permitan el uso de aplicaciones de pago electrónico controladas por el régimen, como Transfermóvil, Enzona y Banca Remota. Aquellas empresas que no cumplan con esta orden en el plazo establecido serán sometidas a la suspensión de sus operaciones.
Esta medida ha generado inquietud y preocupación entre las Mipymes, que se enfrentan al desafío de adaptarse rápidamente a las plataformas de pago electrónico, controladas por el gobierno, en medio de una crisis de escasez de efectivo en la isla. Además, esta decisión parece favorecer al propio régimen, que se beneficia de limitar el uso de efectivo y evitar la emisión de más pesos, ya que enfrenta una profunda crisis financiera.
Las autoridades bancarias no han ocultado que esta política de cero efectivo beneficia al gobierno, pero la falta de efectivo sigue siendo una realidad para la población cubana. A pesar de la imposición del pago electrónico para servicios básicos como electricidad, gasolina y agua, incluso en lugares como Maisí, Guantánamo, el régimen no puede garantizar un suministro de agua adecuado, lo que resulta irónico y frustrante para muchos ciudadanos.
La transición hacia el pago electrónico representa un desafío para las Mipymes, que deben lidiar con las dificultades de acceso a internet y la falta de infraestructura tecnológica adecuada en la isla. Además, la población cubana también enfrenta obstáculos para adoptar estas nuevas formas de pago debido a la limitada conectividad y el acceso limitado a dispositivos móviles.
La obligatoriedad del pago electrónico también ha generado preocupaciones en cuanto a la privacidad y seguridad de los datos financieros de los ciudadanos. Con el gobierno controlando estas plataformas, algunos temen que puedan ser objeto de vigilancia y control por parte del régimen.
En medio de estas preocupaciones, muchos cubanos están expresando su descontento en las redes sociales y medios de comunicación independientes. Se critica que esta medida solo beneficia al gobierno, mientras que la población sigue enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos y enfrenta una crisis económica cada vez más profunda.
Ante este panorama, las Mipymes y los cubanos en general se encuentran ante un futuro incierto y lleno de desafíos. La implementación forzada del pago electrónico y el cerco al uso de efectivo parecen ser una estrategia desesperada del régimen para lidiar con sus problemas financieros y controlar aún más la economía y la sociedad cubana.
