En un esfuerzo por modernizar su sistema financiero, el Gobierno cubano ha anunciado un programa destinado a impulsar la «bancarización» y fomentar el uso de pagos electrónicos en la isla. Esta iniciativa, que comenzará a implementarse el próximo 3 de agosto, busca reorganizar los flujos monetarios en el país caribeño, alentando la transición hacia métodos de pago más avanzados y eficientes.
El Banco Central de Cuba (BCC) lidera este proceso de transformación, que se implementará gradualmente y en igualdad de condiciones para todos los actores económicos. Una de las medidas clave establece un límite máximo de 5,000 pesos cubanos (aproximadamente $41.6 al cambio oficial) para las operaciones en efectivo derivadas de relaciones contractuales entre empresas, trabajadores privados, cooperativas y otras formas de gestión.
Alberto Quiñones, vicepresidente del BCC, explicó que las operaciones que excedan este límite se llevarán a cabo utilizando métodos de pago electrónicos y títulos de crédito en lugar de efectivo, con prioridad para los canales electrónicos. Si bien reconoció la obsolescencia de la infraestructura de cajeros automáticos en la actualidad, Quiñones destacó la intención de que las tarjetas asociadas a pensiones, cuentas de ahorro, salarios y bonificaciones puedan ser utilizadas en estos dispositivos.
El programa también insta a que todos los comercios de bienes y servicios incorporen canales de pagos electrónicos, siguiendo el ejemplo de otras naciones donde esta práctica es común en la vida cotidiana de los ciudadanos. Si bien se espera que la implementación de estas regulaciones sea gradual, el objetivo final es impulsar un cambio significativo en la forma en que se realizan las transacciones financieras en la isla.
Un aspecto importante de esta iniciativa es la obligación de las entidades sujetas a estas normas de depositar sus ingresos en efectivo en una cuenta corriente, a más tardar un día después de la recaudación. Para las empresas privadas, este depósito se realizará en una cuenta reconocida con propósitos fiscales. La intención es reducir la dependencia del dinero en efectivo en las transacciones económicas y financieras, y mejorar los niveles de bancarización e inclusión financiera en el país.
Esta medida también responde a la creciente demanda en los cajeros automáticos para la extracción de efectivo, una tendencia que ha llevado a una situación de falta de efectivo en algunos casos. Con un aumento de la inflación en Cuba, esta transición hacia métodos electrónicos podría aliviar los problemas asociados con la disponibilidad y el uso de efectivo.
Además, empresas estatales como la Empresa Eléctrica de La Habana y la corporación Cimex S.A. han comenzado a implementar medidas similares. La primera ha anunciado una «prueba piloto» donde no se cobrarán las facturas de servicios en sus oficinas comerciales, mientras que la segunda eliminará gradualmente el pago en efectivo en las gasolineras a partir de septiembre.
