En un discurso que ha generado polémica y preocupación, el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, hizo una afirmación inquietante sobre la pena de muerte en el país. Según sus palabras durante su intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular, la pena de muerte está prevista para defender la revolución, especialmente en casos de delitos relacionados con el «terrorismo». Esta sanción máxima ha sido objeto de debate y cuestionamientos, ya que es considerada por muchos como cruel, inhumana y degradante.
En el Código Penal cubano, se mantienen 24 delitos que son castigados con la pena de muerte, incluyendo delitos contra la seguridad del Estado, delitos específicos de terrorismo, tráfico de drogas y asesinato. Es importante señalar que esta pena se ejecuta por fusilamiento y se reserva para los casos más graves y extremos.
El presidente del Tribunal Supremo Popular ha defendido la existencia de la pena de muerte en el Código Penal como una «necesidad» para proteger a la sociedad y al país «de las amenazas que enfrentan constantemente». A pesar de que no se ha aplicado en más de 20 años, Remigio Ferro espera que siga sin necesidad de utilizarse en el futuro.
«Hechos asociados al delito de terrorismo tienen prevista la pena de muerte por varias razones. La tenemos que tener ahí porque es un elemento de defensa de nuestra sociedad, defensa de nuestro estado, de nuestra revolución frente a las gravísimas amenazas en las que permanentemente vivimos. Y también para la tranquilidad ciudadana», dijo en su discurso.
Cabe destacar que en abril del año pasado, el gobierno cubano condicionó la eliminación de la pena de muerte a las relaciones con Estados Unidos, presentando un informe ante la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Este posicionamiento ha generado controversia y críticas a nivel internacional.
Es importante tener en cuenta que, en diciembre de 2020, la plataforma estatal Cubadebate recibió llamados de algunos cubanos partidarios del régimen para reactivar la aplicación de la pena de muerte y aplicarla contra los miembros del Movimiento San Isidro. Esta postura ha generado preocupación y debates sobre los derechos humanos y la justicia en el país.
