Sancti Spíritus, una ciudad del centro de Cuba, ha sido testigo de una perturbadora ola de violencia protagonizada por una banda organizada, compuesta por adolescentes y jóvenes de entre 14 y 25 años, incluyendo cinco menores de edad. Los informes oficiales señalan que el grupo cometió tres actos violentos de desorden público con lesiones leves y graves.
Según la Jefatura Provincial del Ministerio del Interior (MININT), nueve de los implicados se encuentran bajo arresto, incluyendo a los menores de edad. Los delincuentes actuaban cuando regresaban a sus hogares, al finalizar las actividades festivas del verano, en torno a las tres de la madrugada, bajo los efectos del alcohol.
El teniente coronel Liván Linares Martínez, segundo jefe de la Policía en la provincia, explicó que los detenidos han confesado su participación en los actos delictivos y han reconocido que aprovechaban la vulnerabilidad de las víctimas para agredirlas y en ocasiones robarles sus pertenencias.
A pesar de que la edad con responsabilidad penal en Cuba es a partir de los 16 años, el proceso judicial se lleva a cabo de acuerdo con la Ley No. 143 de Procedimiento Penal, que asegura la asistencia legal a cada imputado, incluidos los menores.
Las autoridades también han mantenido un diálogo constante con los padres de los implicados, quienes desconocían las acciones violentas de sus hijos. La mayoría de los presuntos delincuentes están desvinculados del estudio y el trabajo, mientras que los menores de edad son estudiantes de Secundaria y Preuniversitario.
Este preocupante suceso en Sancti Spíritus se suma a la creciente ola delictiva y de violencia que ha afectado a Cuba en el último año, con un aumento significativo de robos, asaltos y asesinatos en todo el país. La población está alarmada por la inseguridad y cuestiona la efectividad de las fuerzas del orden.
A pesar de las denuncias sobre la inacción de la policía, el MININT asegura que detiene a la mayoría de los delincuentes en tan solo 48 horas y niega que exista impunidad ante los delitos.
En medio de esta preocupante situación, las autoridades deben tomar medidas efectivas para proteger a la población y garantizar la seguridad ciudadana. La sociedad cubana espera una respuesta contundente y transparente por parte de las autoridades para abordar este grave problema.
