Inspectores de La Habana han presentado cargos contra un vendedor de productos agrícolas en Guanabacoa por un presunto atentado contra un funcionario. El individuo en cuestión es Dayron Vivo Moreno, quien actualmente se encuentra bajo custodia preventiva.
Según la versión proporcionada por el gobierno de La Habana, un equipo de inspectores solicitó a Vivo Moreno que presentara los documentos correspondientes al establecimiento donde comercializa los alimentos. Aunque el comunicado gubernamental no especifica la naturaleza de la presunta infracción cometida por el sospechoso, sí menciona que, junto con otras personas, «adoptó una actitud provocadora y desafiante al avanzar amenazadoramente para recuperar su documento de identidad frente a las autoridades de inspección».
El relato agrega que el vendedor arañó y causó hematomas a uno de los inspectores, lo que llevó a la intervención de la policía. «Los ciudadanos involucrados han sido detenidos y se encuentran en custodia preventiva hasta que se complete el proceso de investigación y sean presentados ante el Tribunal Popular para enfrentar la justicia», describe el comunicado, que no menciona el nombre de las demás personas implicadas.
El gobierno de La Habana ha amenazado al comerciante con una sanción que puede resultar en una privación de libertad de dos a cinco años, de acuerdo con lo estipulado en el Código Penal cubano. Además, se destaca el trabajo de los inspectores, quienes «deben lidiar con la conducta desafiante y transgresora de algunos ciudadanos».
«Estos inspectores actúan en defensa de los intereses del pueblo y en contra de aquellos que, aprovechándose de la situación económica actual, intentan abusar de nuestra población al aplicar precios muy por encima de los índices de crecimiento razonables para el costo del producto», agrega el comunicado.
El comunicado no refleja la versión del acusado, quien tampoco ha respondido a los mensajes enviados por CiberCuba, ni tampoco se especifica si ha tenido acceso a representación legal.
En el primer trimestre de 2021, los inspectores de La Habana impusieron más de 20,000 multas por establecer precios abusivos o especulativos, en cumplimiento del decreto 30/2021 del Consejo de Ministros, el cual se aplica exclusivamente a vendedores mayoristas y minoristas del sector privado.
«Se consideran precios abusivos aquellos que experimentan un crecimiento por encima de un rango razonable en comparación con productos similares o dentro de la misma categoría de productos, y se consideran precios especulativos aquellos establecidos para productos, especialmente los de primera necesidad, que superan los establecidos por la autoridad competente, y que están relacionados con operaciones de recompra, reventa o ambas, con el objetivo de obtener ganancias», establece la ley.
