La situación económica en Cuba ha sido motivo de preocupación en los últimos dos años debido a un aumento sin precedentes en la inflación desde el triunfo de la revolución en 1959. El ministro de Economía y Planificación de la isla, Alejandro Gil, presentó un informe sobre la situación económica y pronosticó que la inflación superará el 40% en la segunda mitad de este año, lo que representa el desafío económico más complejo que enfrenta el país.
Según Gil, los precios de todos los productos han aumentado casi un 50%, pero los alimentos han experimentado un aumento del 70%, lo que ha afectado negativamente el poder adquisitivo de la población cubana. El ministro enfatizó que este problema se ha acumulado desde 2021, con un incremento del 77%, y en 2022, con un 40%. En sus propias palabras, «es inflación sobre inflación».
El ministro Gil también señaló que las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel en la inestabilidad económica del país. Destacó que no es natural ni para las empresas estatales ni para las privadas operar sin obtener utilidades, ya que muchas empresas estatales tienen dificultades para generar ingresos y sus empleados trabajan prácticamente con salarios mínimos. Esta situación se mantiene con el objetivo de evitar un aumento en los precios para la población.
Además de la alta inflación del peso cubano, la isla enfrenta la peor crisis económica en años, caracterizada por la escasez de alimentos y medicamentos, apagones y falta de combustible. Estos problemas han afectado gravemente el sector del transporte, que es uno de los impulsores económicos más importantes para cualquier país.
En el reciente VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista (PCC), la Contralora General de la República de Cuba, Gladys María Bejerano Portela, reconoció en sus palabras que «ninguna de las medidas que ha dictado nuestro gobierno, nuestro partido, cuando uno va a analizarlas, de lo que decidimos, de lo que se acordó, de lo que todos apoyamos, a lo que sucede, hay una diferencia extraordinaria». Durante su intervención, admitió que «se dice que los precios son abusivos, pero no hacemos nada por detenerlos».
La funcionaria también señaló la creciente desigualdad económica en el país, afirmando que «uno ve la realidad y se da cuenta de que aquí hay personas acumulando demasiado dinero, pero el pueblo no tiene ese dinero». Asimismo, expresó su preocupación por la venta de productos en diferentes lugares y horarios, incluso productos nacionales que escasean en el mercado. De acuerdo con Bejerano Portela, estas prácticas generan quejas por parte de la población debido a los altos precios.
En relación a la insuficiencia de los salarios, la Contralora General mencionó que «un trabajador que gane un promedio de 4000 pesos no puede» hacer frente a los precios abusivos.
