El Parlamento cubano ha dado un paso significativo en la regulación de los medios de comunicación en la isla al aprobar por unanimidad la ley de comunicación social. Esta norma, que fue respaldada por los legisladores de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), incluido el expresidente Raúl Castro, establece regulaciones estrictas para los contenidos de los medios y no reconoce a la prensa independiente como una figura jurídica válida.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se pronunció desde la sede legislativa y calificó esta ley como un «primer paso» hacia la regulación del «sistema comunicacional» del país. Además, reconoció el enfoque «regulatorio» de la norma. Aunque algunos críticos consideran que esta ley limita la libertad de expresión y censura los contenidos que van en contra de la narrativa oficial, Díaz-Canel señaló la importancia de esta ley en medio de lo que él describió como una «intensa guerra mediática» contra Cuba.
La nueva legislación mediática en Cuba prohíbe la divulgación de información que pueda «desestabilizar el Estado socialista», tanto en los medios como en el ciberespacio. Además, solo se permite la legalidad de los medios vinculados al Estado o al Partido Comunista de Cuba (PCC), que es la única entidad política legal en el país. Sin embargo, los defensores de esta ley argumentan que también se permitirá la creación de medios pertenecientes a «organizaciones políticas, de masas y sociales, formas asociativas o a otros actores económicos y sociales».
El Gobierno cubano defiende la importancia de esta norma y destaca ciertas novedades con respecto a versiones anteriores del documento. Una de estas novedades es la posibilidad de financiar los medios a través de la publicidad. Según un artículo publicado por Cubadebate, medio oficialista, algunos expertos consultados por el Parlamento consideran que esta ley de comunicación también es «una ley de seguridad nacional». Argumentan que el «80 % de las comunidades digitales hoy están en plataformas norteamericanas», refiriéndose a redes sociales como Facebook y Twitter.
En relación a este punto, el presidente Díaz-Canel añadió que las plataformas de redes sociales, que no son de propiedad pública, tienen un «nivel de concentración» cada vez menos democrático. Por lo tanto, la norma se enfoca en prevenir posibles situaciones de subversión. La Constitución cubana establece claramente que los medios de comunicación del país son de propiedad socialista y no pueden ser objeto de ningún otro tipo de propiedad.
Con esta ley de comunicación social, el Gobierno cubano busca regular y controlar de manera más estricta los contenidos de los medios en la isla. Aunque algunos críticos argumentan que esto limita la libertad de expresión y la diversidad de opiniones, las autoridades cubanas defienden la necesidad de esta norma para proteger al Estado y contrarrestar lo que perciben como una guerra mediática en su contra.
