La usurpación de viviendas en Cuba se ha convertido en un problema creciente en los últimos años. La pandemia de COVID-19 ha agravado la crisis económica de la nación y ha llevado a un aumento en la migración, lo que ha contribuido a la creciente cantidad de casos de usurpación. Para abordar esta situación, se han establecido sanciones más severas para los infractores, incluyendo hasta dos años de prisión.
De acuerdo con una publicación del medio oficialista Cubadebate, el aumento de las usurpaciones de viviendas ha llevado a la tipificación de estas acciones como delito. “Se establece un marco sancionador que incluye prisión de seis meses a dos años, o multas de 200 a 500 cuotas para los que incurran en estos actos ilegales”, dijo José Ramón González Guadarrama, presidente del Capítulo provincial de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales de la Unión de Juristas de Cuba.
Desde el 15 de mayo de 2022, la usurpación de viviendas es considerada una figura delictiva en el Artículo 421 y 422 del Código Penal cubano. Sin embargo, un dictamen más reciente del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, publicado en marzo de 2023 en la Gaceta Oficial de Cuba, ha detallado las particularidades del delito y ha eliminado un engorroso procedimiento administrativo que antes retrasaba la solución de estos casos.
El proceso de lidiar con la usurpación de viviendas en Cuba comienza con una orden de abandonar el inmueble. Si el individuo se niega, se realiza una denuncia penal en la estación de Policía y se notifica a la Fiscalía para comenzar la investigación del proceso. Posteriormente, se procede al plan de extracción por parte del Ministerio del Interior (MININT), que incluye una orden de registro y un acta de detención. Los imputados tienen derecho a un abogado, y una vez realizado el plan de extracción, se presenta a la Fiscalía en un término de 24 horas, y este órgano tiene 72 horas posteriores para valorar la medida cautelar, que en la mayoría de los casos es prisión provisional.
Luego de que el tribunal radica la causa, se realiza el juicio oral y se dicta la sentencia correspondiente. Cuando la sentencia se convierte en firmeza, se procede al desalojo con todos los miembros de la comunidad y las autoridades, y se restituye la legalidad de la vivienda.
Según las autoridades, el municipio de Santa Clara es uno de los lugares con mayor índice de casos de usurpación en comparación con períodos anteriores. “En estos momentos se hallan solo 2 en proceso, lo que no significa la ausencia de otras denuncias radicadas”, dijo Yureisy García Cobas, fiscal jefa del municipio cabecera.
