El senador republicano estadounidense Rick Scott ha presentado recientemente un proyecto de ley que busca revocar los visados actuales y limitar la emisión de nuevos visados a personas que apoyen «los regímenes totalitarios» de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. La iniciativa establece restricciones a los funcionarios del Gobierno actual de Nicolás Maduro y del anterior Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, así como a aquellos que trabajen o hayan trabajado para los Ejecutivos de Fidel Castro, Raúl Castro o Miguel Díaz-Canel en Cuba.
El proyecto también tiene como objetivo revocar los visados de aquellos que apoyen o hayan respaldado al presidente Daniel Ortega y al partido sandinista en Nicaragua, al exmandatario de Bolivia Evo Morales, y sancionar a cualquier extranjero que actúe en nombre de esos Gobiernos.
«Los dictadores despiadados en América Latina han destruido millones de vidas simplemente para mantenerse en el poder. Sus regímenes ilegítimos son un insulto a la democracia y despojan a millones de personas de la libertad mediante su opresión brutal. Estados Unidos no puede mostrar tolerancia por estos líderes malvados o los matones que ejecutan sus deseos», dijo Scott en un comunicado.
El proyecto, conocido como la «Ley de no alivio para los aliados de los dictadores», apunta a aquellos que cometen o han cometido violaciones de derechos humanos, amenazas o actos que socavan la soberanía de los pueblos cubano, venezolano, nicaragüense y boliviano y que sean titulares de visados que viven en Estados Unidos o que los buscan en el extranjero. La propuesta impondría restricciones a cónyuges e hijos de funcionarios extranjeros que responden a esos Ejecutivos y a aquellos que visiten la Asamblea General de la sede de la ONU, «según lo determine el secretario de Estado y el director de Inteligencia Nacional caso por caso».
Según el senador Scott, esta iniciativa no solo es importante para apoyar la libertad y la democracia en América Latina, sino también para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. El proyecto de ley busca evitar que «estas personas malvadas» vayan a Estados Unidos «a vivir la gran vida mientras sus ciudadanos en casa están en la miseria.
