El programa de parole humanitario implementado por la administración Biden ha estado bajo escrutinio desde su lanzamiento en enero, y ha sido objeto de una moción presentada por Florida y otros 19 estados. La medida buscaba congelar temporalmente el programa antes de la vista programada originalmente para el 25 de abril, pero el juez federal de Texas Drew B. Tipton decidió no parar el programa de manera provisional.
El programa permite a ciudadanos cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses solicitar un visado humanitario, y ha sido criticado por algunos por considerarlo una forma de incentivar la inmigración ilegal. Los demandantes originales, los fiscales generales de 20 estados, entre ellos Florida y Texas, presentaron una demanda contra el programa en enero.
El abogado de inmigración Ángel Leal explicó que los demandantes estaban buscando una orden judicial preliminar para suspender el programa mientras la corte decide su legalidad. Sin embargo, el juez Tipton decidió que la solicitud se analizará como parte de la vista misma, no antes.
El programa ha sido objeto de controversia desde su lanzamiento, con algunos argumentando que es una forma de incentivar la inmigración ilegal. El abogado de inmigración Willy Allena comentó en un canal televisivo de Florida que cree que la demanda es un «circo político» de gobernadores y fiscales republicanos para crear caos en la frontera.
Sin embargo, para aquellos que han sido beneficiados por el programa, ha sido un rayo de esperanza en un mundo cada vez más incierto. Con el aumento de la violencia y la inestabilidad en países como Venezuela y Nicaragua, muchos han buscado refugio en los Estados Unidos. El programa de parole humanitario les da una oportunidad de hacerlo legalmente y sin tener que arriesgar sus vidas en peligrosos viajes.
En última instancia, el destino del programa de parole humanitario sigue siendo incierto, pero la decisión del juez Tipton de no pararlo provisionalmente es una victoria para aquellos que han buscado refugio en los Estados Unidos. La vista para decidir la legalidad del programa se llevará a cabo en abril, y será un momento crucial para aquellos que dependen de él para escapar de la violencia y la inestabilidad en sus países de origen.
