El Presidente Joe Biden ha impuesto una política migratoria que otorga 30.000 visas humanitarias (parole) a los ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Esto se mantendrá hasta al menos abril de 2021 a pesar de la demanda presentada en su contra por un grupo importante de estados republicanos encabezado por el estado Florida.
La controversia sobre este tema es muy grande y existen fuertes opiniones tanto pro como contra la política implementada por el Departamento Seguridad Nacional (DHS). La fecha para que un juez del Tribunal del Distrito Sur examine el caso fue fijada para el próximo martes 25/04 tras recibirse las 39 páginas donde los demandantes exponen sus argumentos acerca este asunto tan candente en EEUU.
El cronograma judicial es una parte integral del proceso legal y debe seguirse para garantizar que los derechos de todas las partes involucradas sean respetados. Sin embargo, en algunos casos excepcionales, los estados pueden presentar una moción de emergencia para solicitar la celebración inmediata de una audiencia.
Esto podría conllevar a cambios en el cronograma judicial si el tribunal decide conceder la petición. En tales circunstancias, es importante que todos los implicados sigan atentamente las indicaciones del tribunal y cumplan con sus obligaciones legales dentro del nuevo marco temporal establecido por éste último.
El Título 42 es una política de inmigración implementada durante la presidencia de Trump que permite a los agentes fronterizos rechazar rápidamente a todos aquellos migrantes que intenten cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos. Esta política fue objeto de muchas críticas por parte del gobierno Biden, quien decidió suspenderla temporalmente el pasado mes. Sin embargo, varios estados republicanos se han opuesto al cese del Título 42 y han presentado peticiones para mantenerlo en vigor mientras se examina su legalidad en la Corte Suprema.
La necesidad o no del mantenimiento activo del TÍTULO42 sigue siendo motivo de debate entre los distintos actores involucrados: el poder ejecutivo defiende su terminación como medida humanitaria mientras los estados republicanos argumentan que sería un gran error eliminarlo ya que permitiría el ingreso masivo sin control previo a EEUU con consecuencias difícilmente de prever tanto desde punto vista social como económico.
