Los estados republicanos que han presentado la demanda argumentan que el programa de visas humanitarias para los ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití violaría la ley federal. Esto se basa en un memorando del DHS emitido el año pasado por Mayorkas donde indicaba su intención de otorgar visa parol a aquellos inmigrantes con algún vínculo familiar directo con Estados Unidos. La demanda también afirmó que este programa no fue sometido al proceso legal requerido antes del anuncio oficial.
La respuesta inmediata desde el Departamento de Seguridad Nacional fue negativa sobre las acusaciones hechas por los estados republicanos contra Alejandro Mayorkas y su política migratoria. El portavoz del DHS Tyler Houlton declaró: “El gobierno federal tiene autoridad exclusiva para determinar quién puede ingresar o permanecer en los Estados Unidos”.
Aunque es evidente que hay muchísima controversia sobre este tema entre varios grupos políticos, lo único claramente definible hasta ahora es qué ninguno ha logrado imponerse como mayoría frente al conflicto planteado y queda abierta la posibilidad de llegar a un consenso entre ambas posturas para resolver la situación actualmente e implementar el mejor camino a hacerlo
El Senador Marco Rubio comprende por qué los estados están tomando medidas en relación a la inmigración descontrolada. Esto tiene un efecto directo sobre sus comunidades, ya que se ha visto un crecimiento exponencial en el número de estudiantes matriculados en las escuelas públicas y el sistema de salud se ve afectado por los costos asociados con este problema. El senador explicó que «es importante encontrar soluciones para regularizar la situación migratoria sin sacrificar nuestros valores ni abandonar nuestro compromiso con aquellos buscando refugio o asilo político».
El senador republicano Marco Rubio ha expresado su preocupación por el costo adicional que los estados están asumiendo debido a la decisión de la administración actual de permitir el ingreso masivo de inmigrantes sin documentos.
«El argumentó que cada vez que entran personas, hay un costo para nuestros policías, sistema carcelario y cortes. Está claro que existe un incentivo para mucha gente tratar llegar a EEUU, pero ningún país puede asumir miles y miles de personas llegando en un día como lo hacen desde Cuba o Venezuela», precisó Rubio.
«Es importante tener en cuenta las consecuencias financieras del flujo migratorio ilegal antes tomar decisiones políticamente motivadas con respectos al tema migratorio. Los gobiernos locales ya se encuentran bajo presión financiera significativa debido al COVID-19; no es justificable transferir más recursos limitados hacia programas relacionadas con inmigración si los mismos son necesarios para cubrir otrs áreas socialmente críticas afectadas por la pandemia y otras necesidades locales que han surgido durante este tiempo tan complicado», finalizó diciendo.
