El director de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior de la cancillería de la isla, Ernesto Soberón, expresó hoy satisfacción por el recorte de beneficios a indocumentados de esa nacionalidad caribeña dictado por el presidente Joe Biden, en otro intento de frenar la oleada migratoria que golpea la frontera sur de Estados Unidos.
La administración de Biden puso en vigor desde ayer una cuota mensual de 30 mil permisos de entrada a ese país por su frontera con México para indocumentados de Cuba, Nicaragua y Haití. Hasta el miércoles los ilegales cubanos podían ingresar al país norteño casi de forma automática amparados en la Ley de Ajuste Cubano (LAC) aprobada por el Congreso de la Unión en 1966.
“Hemos alertado durante años al gobierno de Estados Unidos sobre los riesgos del estímulo a la emigración irregular, con la vigencia de la LAC y el trato privilegiado y políticamente motivado que reciben los cubanos que llegan a territorio estadunidense o su frontera”, dijo Soberón a la prensa oficial en la primera reacción de La Habana.
Soberón consideró que la estampida migratoria de cubanos hacia Estados Unidos, que el año pasado llegó a un cuarto de millón de personas, se debe a la LAC, aunque admitió que el otro detonante es la crisis económica que padece el país desde hace más de tres años sin salida a la vista.
“El reforzamiento del bloqueo económico desde 2019 ha agravado esa situación, pues se sabe que el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas en cualquier territorio se convierte en una de las causas fundamentales de la emigración, y los emigrantes cubanos no son la excepción”, señaló el diplomático.
Agregó que “una relación migratoria más normal, que incluya las visitas temporales entre los dos países, también contribuiría a disminuir el potencial migratorio y los intentos de entrar a Estados Unidos por vías y con prácticas irregulares; al tiempo que favorecería la comunicación entre las familias cubanas”.
La LAC fue aprobada en momentos de fuerte confrontación, incluso a tiros, entre partidarios y contrarios de la revolución que encabezada por Fidel Castro triunfó en la isla en 1959, como una manera de apoyar a los anticastristas.
Desde entonces, esa regulación se ha mantenido vigente para todos los indocumentados cubanos que aleguen ser “perseguidos políticos” y es la primera vez que sufre alguna modificación.
La ley fue intocable incluso durante el llamado deshielo entre Washington y La Habana en tiempos de la administración demócrata de Barack Obama.
“Me salvé en tablitas”, fue la primera reacción de Jorge P.
Este indocumentado cubano de 37 años, ingeniero en telecomunicaciones, ingresó a Estados Unidos por su frontera sur a finales de octubre pasado, se acogió a la ley, recibió permiso de estancia y ahora, afirma, “tengo que esperar un año para que me den la residencia y después optar por la ciudadanía”.
Desde mediados del año anterior, sin embargo, los aduaneros estadunidenses comenzaron a ser más exigentes a la hora de decidir a qué cubanos permitían entrar a territorio norteamericano.
En noviembre pasado se reportó la captura de 34 mil 675 cubanos en la frontera con México, lo que representó 21 por ciento más que los detenidos en octubre.
En 2022, La Habana y Washington retomaron las conversaciones migratorias suspendidas por la anterior administración de Donald Trump y el miércoles pasado la embajada estadunidense en la capital cubana reanudó los servicios consulares por primera vez desde su cierre en 2017.
