El gobierno del presidente Joe Biden ha comenzado a expulsar a cubanos y nicaragüenses a México con base en una medida relacionada con la pandemia de COVID-19 que les niega a los migrantes la posibilidad de solicitar asilo, expandiendo el uso de la norma incluso en un momento en que dice públicamente que intenta ponerle fin, señalaron las autoridades el miércoles.
Estados Unidos llegó a un acuerdo con México para expulsar hasta a 100 cubanos y 20 nicaragüenses al día desde tres puntos fronterizos: San Diego; El Paso, Texas; y el Rio Grande Valley, Texas, según un funcionario federal con conocimiento directo de las labores.
Las expulsiones comenzaron el 27 de abril y concluirán el 22 de mayo, le dijo el funcionario a The Associated Press a condición de guardar el anonimato debido a que el acuerdo no ha sido dado a conocer. Se están llevando a cabo con base en el mandato del Título 42, el cual lleva el nombre de una ley de salud pública y se ha utilizado para expulsar migrantes bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19. El Título 42 expirará el 23 de mayo.
Estados Unidos y México acordaron el 26 de abril que se llevarían a cabo expulsiones de cubanos y nicaragüenses en un número muy limitado, según un funcionario mexicano de alto nivel que habló a condición de guardar el anonimato porque carece de autorización para realizar comentarios. Se tomó esa decisión debido a la llegada a la frontera de números más elevados de migrantes de esos dos países.
México también tomó en cuenta que el gobierno de Estados Unidos había empezado a procesar visas en Cuba de nuevo, señaló el funcionario. El gobierno mexicano ya empezó a procesar visas para cubanos.
Otro funcionario mexicano, que tampoco cuenta con autorización para hacer comentarios, confirmó que hasta 100 cubanos y 20 nicaragüenses estaban siendo expulsados desde San Diego en cumplimiento del Título 42, en un acuerdo que se extiende hasta el 22 de mayo.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Hasta la semana pasada, México únicamente había acordado recibir a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños —además de mexicanos— expulsados por el mandato del Título 42. Hay otras nacionalidades sujetas a dicha norma, pero los costos, las tensiones en las relaciones diplomáticas y otros factores dificultan a menudo el envío de esos migrantes de regreso a sus países de origen.
Es prácticamente imposible que Estados Unidos repatrie a migrantes a Cuba o Nicaragua debido a las malas relaciones que tiene con esos gobiernos. Eso ha significado un enorme desafío para el gobierno de Biden en un momento en que más personas de esas naciones buscan refugio en territorio estadounidense.
Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a cubanos en más de 32.000 ocasiones en la frontera con México durante el mes de marzo, el doble que el mes anterior y cinco veces más que en octubre, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés). Nicaragua redujo sus restricciones de viaje desde Cuba en noviembre, facilitándoles a los cubanos continuar su viaje por tierra hacia la frontera con Estados Unidos. La mayoría entra al país por Yuma, Arizona, o Del Rio, Texas, o cerca de esos puntos.
Además, se detuvo a nicaragüenses más de 16.000 veces durante marzo, más del doble del nivel de septiembre. La enorme mayoría de ellos ingresan por el sur de Texas.
Ponerle fin al Título 42 ha resultado controversial en un momento en que se aproximan las elecciones legislativas, incluso para el Partido Demócrata de Biden, en medio de preocupaciones de que Estados Unidos no esté preparado para el anticipado aumento en el número de migrantes que desean asilo. Las autoridades detuvieron a migrantes en más de 221.000 ocasiones en marzo, la cifra más elevada en 22 años.
La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional han defendido públicamente la decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) de ponerle fin a la medida, ya que no es posible seguirla justificando con el argumento de que se hace para proteger la salud pública.
Pero la práctica de expulsar a cubanos y nicaragüenses contradice las declaraciones públicas del gobierno de que está reduciendo gradualmente la aplicación de la medida en preparación para el 23 de mayo.
Estados Unidos ha expulsado a migrantes más de 1,8 millones de veces en virtud del Título 42 desde marzo de 2020, anulando de hecho el derecho a solicitar asilo, el cual está establecido en las leyes federales y tratados internacionales. Al hacerlo, los migrantes no están sujetos a las leyes migratorias, las cuales incluyen derechos a solicitar protección en casos en que padecen persecución en sus países de origen.
El gobierno señaló en documentos judiciales que comenzó a procesar a más adultos procedentes de Centroamérica rigiéndose por las leyes migratorias tras el anuncio de los CDC el 1 de abril. Pero un juez federal de Luisiana dictaminó la semana pasada que no podía empezar a anular el Título 42 mientras estuviera en vigor.
El juez federal Robert Summerhays criticó fuertemente la decisión de los CDC, insinuando que él intentaría mantener vigente el Título 42 después del 23 de mayo. Se programó una audiencia para el 13 de ese mes con el fin de que se presenten argumentos orales.
Marisa Limón, directora de activismo y planeación en el Hope Border Institute, indicó que los activistas comenzaron a enterarse el lunes de las expulsiones de cubanos y nicaragüenses desde El Paso y posteriormente confirmaron esta nueva práctica con funcionarios estadounidenses.
Limón señaló que el gobierno está “tratando de sacarle el máximo partido al Título 42” antes de que expire. Consideró que es “triste” pero coincidente con las gestiones gubernamentales para que otros países del hemisferio occidental asuman más responsabilidad para recibir a gente que huye de sus hogares.
