El 23 de abril de 1963, hace exactamente 58 años y 1 día, se cerró el ahora olvidado Caso Molina, cuando Francisco Molina del Río regresó a La Habana en calidad de héroe.
El caso de este cubano constituyó la primera campaña propagandística orquestada por el Gobierno de Fidel Castro destinada a exigir la liberación de un nacional preso en Estados Unidos, 30 años antes de que ocurriera la encarcelación de los involucrados en la conocida Red Avispa.
La consigna que todos los cubanos corearon en aquel momento cantaba «Libertad para Molina». Aún así, el pueblo que apoyaba el despliegue social y mediático castrista (voluntaria o involuntariamente) desconocía verdaderamente algunos detalles importantes como quién era el tal Molina, cómo y por qué había llegado a New York, o por qué no había regresado a la isla.
Molina, según la versión oficial del Gobierno, no era más que una víctima de «una maquinación del imperialismo norteamericano contra la revolución cubana», por lo que más y mejores explicaciones eran innecesarias.
Resulta que Francisco Molina había sido encarcelado porque el sistema de justicia estadounidense lo acusaba de haber tenido la autoría sobre los disparos eyectados el día 22 de septiembre de 1960 en el restaurante neoyorquino «El Prado», los que asesinaron a una niña venezolana de 9 años de edad e hirieron a otras 2 personas que se vieron implicadas en una rencilla entre simpatizantes del castrismo y exilados cubanos.
Molina, a quien le faltaba una mano, fue identificado fácilmente por numerosos testigos del suceso como la persona que disparó. El siniestro nunca fue suficientemente aclarado, pero el Gobierno cubano responsabilizó siempre por el tiroteo a mercenarios pagados por la CIA. Sin embargo, muchos sospecharon que Molina y el resto de los partidarios de Castro no eran más que agentes del G-2 infiltrados en el país norteamericano.
En el proceso, según alegó el Gobierno cubano, participaron falsos testigos y hubo arreglos con el fiscal, algo que Samuel Neuburger, abogado defensor, no fue capaz de probar. A propósito, tampoco se conocieron los detalles respecto al pago de los cuantiosos honorarios de Neuburger, por la defensa de Molina.
Francisco Molina fue sentenciado a 20 años de cárcel como mínimo el 29 de junio de 1961, aunque la condena podía fácilmente convertirse en cadena perpetua. Luego, un Comité Pro Libertad para Francisco Molina coordinó una campaña internacional que generó bastante ruido, aunque las más influyentes gestiones para garantizar su puesta en libertad sucedieron en la sombras.
El Gobierno cubano otorgó indulgencia sorpresivamente a 24 ciudadanos estadounidenses que se encontraban presos en la isla cuando Molina ya llevaba más de dos años cumpliendo su sentencia en Estados Unidos, sin apelar y con la condena en suspenso.
Quien gestionó el cambio de Molina fue el abogado James Donovan, quien voló a La Habana dada su experiencia en tratos secretos con los altos cargos cubanos desde los sucesos relativos a los prisioneros de la Brigada 2506.
Junto a Donovan, los 24 norteamericanos viajaron en un avión fletado por la Cruz Roja hacia Miami, y Molina retornó a Cuba el 23 de abril de 1963.
No hizo declaraciones durante su recibimiento triunfal, pues únicamente alcanzó a expresar su agradecimiento a la Revolución, antes de que se lo llevaran. No se tuvo noticias de él desde entonces.
Se debía olvidar el daño colateral que constituyó la niña muerta en el tiroteo, y Molina no resultaba muy fotogénico para los años dorados de la Revolución.
El rol de Molina estaba cumplido y se debía apurar el proceso de inventar nuevas consignas para dejar todo el asunto detrás.
