Este 13 de julio se cumplen 33 años del fusilamiento del General Arnaldo Ochoa Sánchez, el Coronel Antonio de la Guardia Font y sus ayudantes personales, el Mayor Amada Padrón Trujillo y el Capitán Jorge Martínez Valdés, el punto final de la conocida causa 1/89.
En un sitio no identificado nunca por el Gobierno cubano, pero que se conoce que fue cercano a una base aérea militar que se encuentra al oeste de La Habana, un pelotón de fusilamiento compuesto por seis hombre fusiló a Arnaldo Ochoa y a los otros tres militares cubanos que fueron acusados de narcotráfico y alta traición.
Este proceso fue conocido en Cuba y el mundo como Causa 1/89 y en ella se denunciaba que alto cargos militares cubanos se encontraban negocios y traficando con carteles internacionales de la droga, como el Cartel de Medellín, dirigido por el temible Pablo Escobar Gaviria.
Dos días antes del arresto del General Arnaldo Ochoa en La Habana, el 11 de junio, la prensa internacional se hacía eco de la información relacionada con que funcionarios de la administración del presidente George Bush (padre) se encontraba investigando un aumento del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y en que supuestamente estarían implicadas directamente autoridades cubanas.
Antes de esto un Gran Jurado estadounidense había acusado formalmente y en ausencia a Aldo Santamaría Cuadrado, Vicealmirante y Jefe de la Marina Cubana, por brindarle aprovisionamiento y protección a barcos que llevaban drogas de Cuba, procedente de Colombia y con destino a Estados Unidos.
El proceso fue sumarísimo y miles de detalles jamás salieron a luz pública, a pesar de que el juicio fue transmitido por la televisión cubana, pero no en vivo. Interrogantes y leyendas se han tejido sobre todo lo que allí sucedió y que solamente se supo a puertas cerradas entre la alta dirigencia de la nación caribeña.
Un mes antes, el 12 de junio, Ochoa había sido “arrestado y sometido a investigación por graves hechos de corrupción y manejo deshonesto de recursos económicos”, según se informó a través del diario Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.
Dos días después, el 14 de junio, los medios de comunicación estatales de la isla dieron a conocer que “el General de División Arnaldo Ochoa Sánchez había sido arrestado y sometido a investigación por graves hechos de corrupción”.
Esa misma semana se conoció que estaba acusado de estar involucrado con “algunas operaciones de tráfico de drogas” con el jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar.
Rumores afirman que a todos los implicados se le había prometido que recibirían el perdón al final del juicio y que solo serían defenestrados de sus cargos militares y políticos. Amparados por esta presunta condición, todos los acusados, incluyendo el General Ochoa, aceptaron sus cargos y reconocieron los delitos que se les imputaba. A la vez se hicieron una fuerte autocritica en la que se arrepentían de lo hecho y deslindaban a la cúpula gobernante de la participación en las operaciones de tráfico de drogas.
En el juicio, Ochoa aseguró: “La Revolución me tiene a su servicio, y si se me impone esta condena que pudiera ser fusilamiento, en ese momento, les prometo a todos, que mi último pensamiento será para Fidel Castro por la gran Revolución que le ha dado a este pueblo. Gracias”.
Otros 12 oficiales fueron implicados, acusados de narcotráfico y corrupción. De los de alto nivel solo fueron perdonados y sometidos a largas condenas de cárcel el General de Brigada Patricio de la Guardia y el Teniente Coronel Alexis Lago Arocha.
Durante el proceso judicial, los cuatro oficiales fusilados, Arnaldo Ochoa, Tony de la Guardia, Jorge Martínez Valdés y Amado Padrón, fueron acusados de actos hostiles contra un Estado extranjero, tráfico de drogas en colaboración con el cartel de Medellín y uso indebido de recursos financieros y materiales.
El resto de los acusados sufrieron penas de 10, 15 y 30 años de cárcel.
Ochoa había sido el jefe de las misiones internacionales militares de Cuba en Etiopia y Angola, era de los pocos generales del país que ostentaban el título de Héroe de la República y contaba con una enorme popularidad y respeto entre los miembros del Ejército cubano.
El ministro del Interior José Abrantes, uno de los asistentes más antiguos y cercanos a Fidel, ex jefe de su escolta personal, y general, fue arrestado luego junto a otros seis oficiales del MININT por no haber impedido el narcotráfico y corrupción. Murió de un ataque al corazón en 1991, mientras cumplía una condena de 20 años.
