El fuerte impacto de la pandemia de covid-19, la grave crisis económica, los largos apagones y la escasez de productos básicos y medicinas generaron este 2021 en Cuba las mayores protestas contra el gobierno en más de seis décadas con la revolución en el poder.
Miles de cubanos salieron a las calles el pasado 11 de julio (11J) en La Habana y otras ciudades para protestar al grito de «¡Libertad!», «Patria y Vida» y distintas consignas antigubernamentales, en una jornada inédita que se saldó con centenares de detenciones y un muerto.
A esas manifestaciones, que incluyeron marchas pacíficas, enfrentamientos con la policía y saqueos puntuales en comercios de algunas localidades, siguió una ola de arrestos de participantes y personas críticas con el gobierno, desde ciudadanos anónimos hasta artistas, activistas, opositores y periodistas independientes, en algunos casos en sus propios domicilios.
Organizaciones y activistas independientes calculan en más de medio millar los detenidos tras las protestas del 11 de julio, de los cuales la mayoría permanecen en prisión -a la espera de cargos y juicios, con peticiones fiscales de hasta 30 años de cárcel- y otros han sido liberados.
Entre los aún detenidos figuran los conocidos opositores José Daniel Ferrer, uno de los 75 disidentes presos en la «Primavera Negra» del 2003, y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, que encabezó en noviembre de 2020 una huelga de hambre por la liberación del rapero aficionado Denis Solis, quien cumplió una sanción de ocho meses acusado de desacato.
Instituciones como la Unión Europea (UE), las ONG Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y el gobierno de Estados Unidos han condenado estos arrestos e instado al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel a liberar a los detenidos.
La chispa
San Antonio de los Baños, una ciudad a 35 kilómetros al suroeste de La Habana, se convirtió en la chispa que hizo brotar espontáneas manifestaciones al mediodía de aquel domingo del cálido julio cubano.
Su difusión a través de las redes sociales contribuyó a que se propagaran las protestas a zonas como las orientales Santiago de Cuba y Holguín, las occidentales Alquízar y Güira de Melena, y las capitales provinciales de Camagüey, Matanzas, Ciego de Ávila y Villa Clara, entre otras ciudades, aunque las principales tuvieron lugar en La Habana.
Una de las protestas más multitudinarias tuvo como escenario el espacio frente al Capitolio habanero -sede de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), donde llegaron a congregarse unas 2.000 personas, que cuando se dirigían por el Paseo del Prado en dirección a la emblemática avenida Malecón fueron bloqueadas por militares y se dispersaron.
Unas horas después del inicio de las manifestaciones el servicio de internet en los móviles fue cortado y las llamadas comenzaron a mostrar inestabilidad.
En la céntrica arteria 23 de la capital se concentró un grupo de jóvenes, con el dramaturgo Yunior García Aguilera a la cabeza, ante el Instituto Cubano de Radio y Televisión y realizó una sentada que acabó en disputas verbales con trabajadores y partidarios del Gobierno, y la detención violenta de los protestantes.
Una heredera frustrada
Cuatro meses después, la plataforma virtual Archipiélago, nacida a raíz del 11J y liderada por García Aguilera, se vio frustrada por un fuerte despliegue de las fuerzas policiales en La Habana y otras ciudades.
La nueva cita en las calles -por la que sus promotores solicitaron autorización, pero que fue denegada- buscaba protestar «contra la violencia» y «exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos», además de exigir «la liberación de los presos políticos» y la búsqueda de una «solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas», según explicó a Efe el propio dramaturgo disidente.
Los convocantes, que inicialmente la habían programado para el 20 de noviembre, la adelantaron al día 15 después de que el gobierno anunciara unas maniobras militares coincidiendo con la primera fecha.
El Gobierno cubano no autorizó la marcha, al considerarla «ilícita» y apegada al guión de «cambio de régimen» en Cuba que caracteriza la «estrategia imperial» de Estados Unidos, y acusó a Washington de financiar y organizar esa iniciativa tras recrudecer el embargo económico para azuzar la escasez y promover un estallido social en la isla.
Los miembros de Archipiélago, sin embargo, dijeron entonces que seguirían con la convocatoria, pese a ser advertidos por la Fiscalía General de que podrían enfrentar procesos penales de continuar con su objetivo.
Cuatro días antes del 15N, el principal gestor de la marcha, García Aguilera, anunció que caminaría solo el día antes por la calle 23, llevando una rosa blanca, e instó a sus seguidores a «no poner en riesgo su integridad física y la de otras personas».
Pero su intento fue fallido al quedar sitiado en su apartamento desde primera hora de la mañana por agentes de la seguridad del Estado y grupos de personas afines al gobierno que le increparon durante horas. Las llamadas de su teléfono móvil quedaron restringidas.
El 17 de noviembre, García sorprendió con su llegada a la capital de España acompañado de su esposa. «Me quebré», reconoció entonces al recordar la presión que sufrió.
Su decisión fue recibida con comprensión por parte de algunos disidentes y con rechazo por otros, incluidos miembros de su grupo, al que no comunicó con anterioridad su decisión de salir del país. Desde entonces al menos cuatro coordinadores de Archipiélago han abandonado la plataforma, que se encuentra en un punto de inflexión.
El 15N -heredero del 11J- solo reportó alguna acción simbólica en las redes sociales o en la calle. La marcha quedó sin efecto por el dispositivo policial desplegado en las grandes ciudades, las detenciones de opositores vinculados a la iniciativa, y otros que quedaron aislados en sus propios domicilios.
