El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó este lunes como “operación fallida” la convocatoria de una marcha pacífica para hoy, declarada ilegal por el Gobierno, en una intervención televisiva en directo.
Hasta cinco de la tarde (hora local) no se habían reportado grupos de manifestantes en las calles de La Habana ni han circulado en la red vídeos de protestas importantes en otras ciudades del país, pese a que numerosos cubanos descontentos habían expresado su intención de salir en masa a reclamar sus derechos.
La capital registra una intensa presencia policial, con agentes uniformados y camuflados de civiles en casi todas las intersecciones y parques, mientras activistas opositores denunciaron detenciones, arrestos domiciliarios y otras intimidaciones como actos de repudio.
«El régimen tiene un susto enorme, porque sabe que la juventud ha dado un paso al frente y es capaz de sacar cuatro o cinco millones de personas a la calle y ahí va a ser el final», dijo Miguel Saavedra, líder de Vigilia Mambisa, uno de los grupos cubanos del exilio.
Saavedra destacó que la semilla en favor del cambio que se plantó en las protestas del 11 de julio se va a fortalecer a partir de esta fecha por más que saquen a la calle «al Ejército, la Policía y los grupos paramilitares para intimidar al pueblo».
Este lunes, la ONU dijo esperar que «se respete plenamente» el derecho de los cubanos a realizar una protesta pacífica, convocada en medio de medidas de represión de las autoridades para evitar que los ciudadanos se sumen a la convocatoria de la llamada «marcha cívica por el cambio» para pedir un cambio político.
La marcha no autorizada fue convocada por el colectivo de artistas Archipiélago, y como parte de las acciones del Gobierno cubano se impidió que su principal impulsor, el dramaturgo y activista Yunior García Aguilera, saliera el domingo a caminar en solitario por las calles de la capital, como había anunciado, para expresar su descontento.
García Aguilera fue bloqueado en el interior de su casa, incomunicado y vigilado por numerosos agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, para impedir que saliera a la calle.
Las autoridades denegaron la solicitud para llevar a cabo la marcha y amenazaron a sus convocantes con encerrarlos si seguían adelante. En Cuba los derechos de huelga y manifestación raramente se contemplan fuera de las instituciones estatales y nunca se ha autorizado una marcha de opositores al Gobierno.
Los activistas no acataron la prohibición y los pasados días pidieron a los cubanos que salieran este lunes a las calles vestidos de blanco, colgaran una sábana blanca en su ventana o publicaran contenidos «online» a favor de la iniciativa.
Finalmente, y salvo sorpresas de última hora, la convocatoria no ha tenido éxito y se ha observado un ambiente de relativa normalidad en las calles, donde el blanco más abundante ha sido el de los numerosos vehículos de policía que patrullaban las avenidas y calles de La Habana.
Numerosos opositores han denunciado que agentes del Departamento de Seguridad del Estado (la policía política cubana) les han impedido salir de sus casas y por eso no han podido manifestarse.
La convocatoria del 15N buscaba dar continuidad a las protestas espontáneas del 11 de julio, las mayores en décadas, fruto del descontento por la grave crisis -que ha traído escasez, colas e inflación- agravada con la pandemia, el endurecido embargo de EE.UU. y reformas económicas tardías y desatinadas.
