Con citaciones, interrogatorios y otros métodos las autoridades cubanas tratan de evitar que los ciudadanos críticos se unan a la ilegalizada marcha del 15 de noviembre, denunciaron este jueves activistas y organizaciones.
«Creo que no ha habido un activista a quien no hayan ido a tocarle la puerta con una citación policial, una amenaza, chantaje o una sugerencia de que se vaya de viaje. En cada caso particular han buscado la manera de persuadirlo para que no salga el 15N», declara a Efe la activista Carolina Barrero.
Conocida por su postura abiertamente crítica con el Gobierno, esta curadora e historiadora del arte asegura llevar más de 200 días bajo arresto domiciliario, con agentes del Departamento de Seguridad del Estado (DSE, órgano de inteligencia y contrainteligencia) apostados 24 horas frente a su portal para impedirle salir a la calle.
Los arrestos domiciliarios de activistas se han incrementado en los últimos meses, especialmente tras la protesta del 11 de julio, la mayor de las últimas décadas.
Según la asesoría legal Cubalex, se está produciendo una fuerte campaña de disuasión de cara a la marcha pacífica propuesta para el próximo lunes por opositores, que anunciaron su intención de salir a las calles pese a que el Gobierno la declaró «ilícita».
«Las principales denuncias que hemos recibido son por las citaciones policiales e interrogatorios a las personas que han dicho públicamente que van a participar en el 15N, sobre todo los que han firmado la carta de apoyo público, que están recibiendo acoso sistemático», indicó a Efe Laritza Diversent, directora de Cubalex, con sede en Miami.
LOS INTERROGATORIOS
Efe ha recabado testimonios directos de al menos dos personas que han sido citadas e interrogadas por agentes del DSE con relación a su posible participación en la marcha. En redes sociales se han denunciado decenas, muchas con fotografías de las citaciones policiales.
Uno de estos casos es el de una estudiante de 22 años que el pasado julio pasó una semana en prisión por unirse a las protestas ciudadanas que tuvieron lugar en La Habana.
«Me preguntaron por qué participé en el 11J, si me considero contrarrevolucionaria, si estoy inconforme con el Gobierno, si conozco a Yunior (líder del grupo Archipiélago y uno de los promotores del 15N), o si me parece que la marcha del día 15 está bien», asegura a Efe la joven.
Tras cuestionarla, el agente la conminó a firmar un documento por el que se comprometía a no participar en la manifestación del próximo lunes, explica la joven. En todo caso, confiesa, no lo iba a hacer por miedo a represalias.
Según la directora de Cubalex, «en los interrogatorios lo más típico es la amenaza de que van a ser procesados si salen; también la advertencia de que no se vinculen con personas que están relacionadas con los organizadores o que han manifestado públicamente que van a participar, activistas, defensores, etc.».
En el otro caso que Efe ha conocido directamente, el de un hombre de mediana edad que había firmado una carta de apoyo al 15N, este declaró que durante el interrogatorio en la comisaría de su distrito le amenazaron con procesarlo y encarcelarlo si se unía a la marcha.
ACTOS DE REPUDIO Y DESPIDOS
Cubalex ha documentado asimismo al menos tres casos de actos de repudio, una suerte de escrache en el que grupos de personas afines al Gobierno cubano intimidan a un disidente, generalmente en su domicilio.
El principal promotor de la marcha, Yunior García Aguilera, sufrió el 1 de noviembre en su propia casa los gritos y amenazas de varias personas, y una semana antes le dejaron un animal muerto en la puerta de su casa, si bien se desconoce la autoría o el propósito de esta acción.
Otros activistas y ciudadanos con posturas contrarias al sistema vigente desde hace seis décadas en Cuba denunciaron en las redes haber sido recientemente expulsados de sus trabajos en instituciones estatales, desde el actor Edel Carrero hasta el profesor universitario David Martínez y el médico Manuel Guerra, entre otros.
EL GOBIERNO SEÑALA A EE.UU.
El Gobierno ha insistido en las pasadas semanas en desacreditar la marcha del 15N con una intensa campaña en los medios de comunicación estatales (los únicos oficialmente permitidos en Cuba, si bien existen algunos portales de noticias online tolerados) y en las redes sociales.
Asegura que la convocatoria tiene fines «subversivos» y busca un «cambio de régimen» en Cuba. Alega que sus organizadores son agentes al servicio de la CIA y otras organizaciones de Estados Unidos.
En último término, acusa a la Administración de Joe Biden de ser la verdadera instigadora de las protestas por subvencionar a organizaciones que prestan asesoría o apoyo a disidentes, así como por mantener las sanciones económicas que consideran que han exacerbado la actual situación de desabastecimiento y escasez.
El 15N llega en un momento delicado para el bolsillo y la paciencia de los cubanos, que apenas pueden adquirir productos en la moneda local (CUP) y los escasos bienes disponibles en las tiendas se venden en divisas -inaccesibles para gran parte de la población-, a precios muy elevados y con largas colas de espera.
