“La acusación de que Estados Unidos está detrás de las protestas de Cuba es para distraer; el enfoque debería estar en el pueblo cubano”, dijo Emily Mendrala, subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EEUU, durante una conferencia de prensa en la que participó Infobae. “Ellos quieren comunicarse directamente con el gobierno para demandar cambios”
La subsecretaria adjunta habló sobre las protestas planeadas en Cuba el próximo 15 de noviembre, las acciones que ha tomado el gobierno cubano para reprimir esas manifestaciones pacíficas y sobre las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba.
“Urgimos al gobierno de Cuba a que las protestas pacíficas del 15 de noviembre puedan llevarse adelante”, pidió la funcionaria estadounidense. “Urgimos a que no usen violencia contra el pueblo”.
“Estamos atentos y tomaremos medidas nuevamente para que tengan que rendir cuentas en caso de que sea necesario”.
El 15N se da en un momento complicado para el bolsillo de los cubanos, que apenas pueden adquirir productos en la moneda local (CUP) y los escasos bienes disponibles en las tiendas se venden en divisas -inaccesibles para gran parte de la población-, a precios muy elevados y con largas colas de espera. El descontento social se vio exacerbado tras la protesta del 11 de julio, la mayor de las últimas décadas.
“Estamos monitoreando activamente la situación e interactuando con contactos claves antes de las protestas en Cuba del 15 de noviembre, que expresará, como la de julio, el deseo de los cubanos de que se respeten sus derechos humanos y fundamentales”, aseguró la funcionaria.
Como señaló Mendrala, los ciudadanos de Cuba han criticado al régimen por no cumplir sus necesidades básicas, como medicamentos y alimentos, y quieren manifestarse pacíficamente: “Apoyamos al pueblo cubano y a todos los cubanos que busquen un gobierno que respete sus derechos fundamentales”.
“Estados Unidos está tomando medidas. Luego del 11 de julio hemos hecho uso de la diplomacia y hemos refozado nuestro apoyo a la gente de Cuba. Estamos haciendo que el gobierno rinda cuentas”.
En efecto, días después de las manifestaciones de julio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció sanciones contra al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, Álvaro López-Miera, y a una unidad militar de élite conocida popularmente como “avispas negras” o “boinas negras” por su papel en la represión de las protestas antigubernamentales.
El régimen cubano ha querido desacreditar la marcha del 15N con una intensa campaña en los medios de comunicación estatales (los únicos oficialmente permitidos en Cuba) y en las redes sociales. Asegura que la convocatoria tiene fines “subversivos” y busca un “cambio de régimen” en Cuba. Alega que sus organizadores son agentes al servicio de la CIA y otras organizaciones de Estados Unidos.
En definitiva, acusa al gobierno de Joe Biden de ser el verdadero instigador de las protestas por subvencionar a organizaciones que prestan asesoría o apoyo a disidentes, así como por mantener las sanciones económicas que consideran que han exacerbado la actual situación de desabastecimiento y escasez.
“Apoyar al pueblo cubano es una de las principales prioridades de la administración de Joe Biden”, resaltó la funcionaria durante la conferencia. “No sólo expresamos nuestro apoyo, sino que también hemos amplificado las voces de los presos politicos y arrojado luz sobre los abusos a los derechos humanos” por parte del régimen cubano.
En ese sentido, remarcó que la prioridad número uno es promover la rendición de cuentas de quienes abusen de los derechos de los ciudadanos cubanos, y que se han comprometido con el sector privado, grupos religiosos y organizaciones no gubernamentales para identificar obstáculos durante las protestas del 15 de noviembre, para monitorear abusos y para aumentar el acceso a Internet para que los que marchen puedan comunicarse entre sí”.
Además de la rendición de cuentas, señaló el esfuerzo del gobierno de Estados Unidos para hacer llegar a la isla productos básicos a los que los cubanos no pueden acceder, y el avance de añadir más empleados a la embajada en La Habana.
