El presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondió este jueves a los opositores que organizaron una marcha y cuya autorización fue denegada recientemente, reforzando el rechazo gubernamental a esa protesta y hasta respondiendo con la consigna de sus contrarios.
“Tenemos patria y defendemos la vida y seguimos siendo de patria o muerte, venceremos”, dijo levantando el tono de voz el mandatario al cerrar la sesión de la Asamblea del Poder Nacional, el parlamento al cual también asistió su predecesor, Raúl Castro.
Tradicionalmente los líderes cubanos y sus simpatizantes –desde que el exmandatario Fidel Castro lo pronunció en los años 60–, tomaron el lema de “patria o muerte, venceremos” como una forma de marcar la connotación antiimperialista de la revolución en la isla de frente a la política de su poderoso vecino Estados Unidos. La frase se convirtió también en un símbolo identitario para muchas personas en América Latina que adhirieron al proceso en la nación caribeña como un ejemplo para sus propios países.
Sin embargo, los opositores cubanos comenzaron en los meses recientes a replicarle con “Patria y Vida”, luego de que estas palabras fueran tomadas de una canción contestaria popularizada por el rapero residente en Miami, Yotuel Romero.
Díaz-Canel insistió el jueves en que la marcha propuesta para el 15 de noviembre por la plataforma de internet Archipiélago, uno de cuyos principales impulsores es el dramaturgo Yunior García, es “ilegal” y busca destruir al socialismo, que según la Constitución es “irrevocable”.
“Los derechos no son ilimitados”, expresó el mandatario. “Una manifestación deja de ser pacífica en el momento en que los participantes acudan a ella con la intención de alterar la normalidad de la vida comunitaria… de subvertir el orden”.
Tanto García como los activistas de Archipiélago insistieron en que su manifestación busca ser cívica, en demanda de la liberación de presos –sobre todo los encarcelados durante unas protestas inusuales de julio pasado– y para demandar el respeto a los derechos humanos. También rechazaron que estuvieran orientados o financiados desde el extranjero.
Inicialmente, la protesta fue convocada para el 20 de noviembre, pero el gobierno llamó a una serie de ejercicios de defensa nacional ese día, por lo que los organizadores la movieron para el 15 y finalmente las autoridades la declararon ilegal. Los opositores insistieron en que igual saldrán a las calles.
Esta semana, el exembajador y actual líder del departamento ideológico del Partido Comunista de Cuba, Rogelio Polanco, acusó directamente a Estados Unidos de instigar la protesta, una acusación rechazada por un portavoz del Departamento de Estado, aunque otro funcionario aseguró que se tomarán medidas contra la isla si se encarcela a los opositores.
Washington sostiene una política de medidas contra Cuba desde hace más de cinco décadas presionando un cambio en su modelo político, que se endureció de manera dramática desde la administración del expresidente Donald Trump, sin que haya cambiado con su sucesor Joe Biden, pese a sus promesas de campaña.
El Parlamento de la isla se reunió esta semana para aprobar varias leyes que modificarán y actualizarán el sistema judicial de Cuba y entrarán en vigor en enero.
