La tensión política crece en Cuba en vísperas del 15 de noviembre, fecha en que activistas opositores organizados en torno a la plataforma Archipiélago han convocado una marcha pacífica “por el cambio”, declarada ilegal por el Gobierno, pero que sus promotores insisten en realizar en varias ciudades del país amparándose en el derecho de manifestación recogido en la Constitución. Algo sin precedentes en Cuba. Nunca antes se había pedido un permiso oficial para protestar contra el Gobierno desafiando abiertamente a las autoridades con movilizaciones en las calles, un pulso en el que cada día la cuerda se tensa más.
Tras prohibir la marcha por considerarla una “provocación” con “fines desestabilizadores”, el jueves pasado la Fiscalía citó a los principales organizadores para notificarles que si salen a las calles el 15-N incurrirán en delitos como desobediencia, manifestación ilícita e instigación a delinquir, y serán juzgados con severidad. Archipiélago mantiene la convocatoria, y hasta el mismísimo presidente del Gobierno, Miguel Díaz-Canel, se refirió el domingo pasado a la marcha en una reunión del Partido Comunista de Cuba (PCC) advirtiendo que habrá cero tolerancia: “Aquí hay suficientes revolucionarios para enfrentar (…) cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir a la Revolución”.
El mensaje es claro. Y da la dimensión de hasta qué punto la llamada Marcha Cívica por el Cambio, convocada en reclamo de “la liberación de todos los presos políticos, el fin de la violencia, que se respeten todos los derechos de todos los cubanos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”, ha movido el tablero político en Cuba, que aún digiere la sacudida provocada por las protestas multitudinarias del 11 de julio.
Es revelador el hecho de que Díaz-Canel dedicara al asunto buena parte de su discurso en una reunión del Comité Central del PCC, a la que asistió Raúl Castro. El mandatario se refirió a los sucesos del 11-J, insistiendo en que “no fueron más que provocaciones y hechos vandálicos” como parte de una estrategia de “guerra no convencional” de EE UU.
“Se trata de mantener una narrativa que pretende presentar el 11 de julio como un referente de ruptura y de rechazo popular a la Revolución, y los intentos de aprovechar las inconformidades existentes para provocar desestabilización”, afirmó.
Pero el 11 de julio, dijo, “no es un referente de ruptura; es, en todo caso, un referente de unidad, y el 11 de julio constituyó una victoria más de la Revolución Cubana. Los revolucionarios salieron a defender la Revolución con elevada moral, con disposición a luchar y vencer. Ellos creían que la Revolución se derrumbaba en unas horas, como lo creyeron cuando la caída del campo socialista, pero una vez más se equivocaron”.
Sin la conmoción del 11 de julio no hubiera habido convocatoria para marchar el 15-N, que se ha convertido en un nuevo parteaguas político, pues habrá que ver qué pasa ese día en la isla. Para el Gobierno, ambas fechas son parte de las mismas “maniobras desestabilizadoras” de Washington.
“El objetivo declarado del Gobierno norteamericano es derrocar a la Revolución Cubana. La esperanza del enemigo es que nuestras grandes dificultades materiales reblandezcan al pueblo y lo hagan ponerse de rodillas, por eso alimenta la desidia con la idea de que el país no puede resistir”, según Díaz-Canel.
La estrategia”, afirmó, “es crear el máximo de descontento dentro de nuestro país. Fomentar la inestabilidad a través del empeoramiento de las condiciones de vida de la población, ponernos cada vez más difícil la posibilidad de sobrevivir, para conducirnos al estallido de un conflicto violento”.
El dramaturgo Yunior García, líder de Archipiélago y principal promotor de la marcha, considera que al prohibir la manifestación el Gobierno dejó claro “que no está dispuesto a entablar ningún tipo de diálogo civilizado ni de abrir espacios políticos a los ciudadanos”. Pero tanto él como el resto de los artistas y activistas nucleados en torno a esa plataforma cívica rechazan las acusaciones de mercenarismo que les hacen desde el poder y defienden su derecho a manifestarse y a tratar de promover un cambio en Cuba por vías pacíficas. Y afirman que no van a parar.
“No somos ese rosario de adjetivos con los que intentan descalificarnos. No llegamos en paracaídas para sembrar el caos y la hecatombe. Somos el fruto de nuestra realidad, dura y cruda. Somos como cualquiera que hace colas y corre detrás de una guagua y compra café por la izquierda, como cualquiera que comprende lo mala que está la cosa y usa malas palabras singularmente nuestras. Pero hay algo distinto; ya no nos funciona la muela oficialista de continuismos obedientes ni dogmas irrevocables. Nos toca a nosotros hacer que la palabra revolución vuelva a significar cambio, y que la soberanía al fin sea nuestra, de los ciudadanos”, dijo García tras la notificación de la fiscalía.
Todavía siguen detenidas cientos de personas que participaron en las manifestaciones del 11 de julio, y si el 15-N finalmente hay marchas en Cuba, hay riesgo de un choque. “¡Que sepan los imperialistas que van a tener que luchar contra un pueblo que no se deja engañar, un pueblo suficientemente numeroso, valiente y heroico para luchar al que no le asustan las amenazas!”, dijo Díaz-Canel al clausurar la reunión del Comité Central.
