Un grupo de abogados de Miami interpuso una demanda ante un tribunal federal de la misma ciudad para lograr que miles de inmigrantes cubanos que entraron de forma irregular al país tras la suspensión de la política de «pies secos/pies mojados» (en 2017), obtengan su residencia permanente.
La demanda pide que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) comience a aceptar el permiso de libertad bajo supervisión (I-220A) como un documento de admisión válido para el procesamiento de la residencia permanente en Estados Unidos mediante la Ley de Ajuste Cubano (CAA).
El abogado que lidera al equipo legal, Mark Prada, declaró que la acción vela por los intereses de todos aquellos nacionales cubanos que ingresaron al país norteño luego del 12 de enero de 2017 y no recibieron una orden de deportación.
La jueza federal Beth Bloom se encuentra ahora a cargo del caso, registrado en el pasado 3 de septiembre, y este martes inició el plazo para que los demandantes certificaran el carácter colectivo de la denuncia.
La fecha de la última moción de los demandantes está fijada en el calendario judicial en el próximo 29 de noviembre, y el Gobierno estadounidense puede aún responder en el mes de diciembre, para que los argumentos finales del caso se presenten en enero de 2022.
La sentencia de la jueza Bloom se espera para el verano de 2022, la que tendría un impacto nacional (aunque se haya presentado inicialmente en nombre de 21 inmigrantes y ya haya crecido a 43 personas).
Las estadísticas oficiales estadounidenses indican que más de 95.000 cubanos han entrado ilegalmente a su nación entre los años fiscales 2017 y 2021 (y el 92% de ellos lo ha hecho por la frontera mexicana). Buena parte de ese total ha sido puesto en libertad con un documento de supervisión I-220A.
Prada explicó que el hecho de liberarlos constituye el parole necesario para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, por lo que el I-220A representa una evidencia de documentación irrevocable para comenzar a procesar la solicitud de residencia por tal vía.
La política de «pies secos/pies mojados» garantizaba que todos los cubanos que pusieran pie en territorio estadounidense (de forma lícita o no) tuvieran el derecho a recibir un parole (documento I-94), con el que podían solicitar la residencia permanente en el país tras mantenerse ininterrumpidamente en dicho durante un año y un día.
Pero la decisión de suspender tal provisión migratoria, instaurada en 1995, significó un cambio radical en el proceso para los cubanos.
En la actualidad, son rechazadas todas las peticiones por parte de cubanos que intentan beneficiarse de la CAA mediante la presentación del I-220A. Casos de solicitud de la residencia permanente han sido aceptados a discreción de algunos jueces de inmigración, pero el DHS no ha dejado que prosperaran.
Después de que se estancara la reclamación que hizo por la vía administrativa ante el Buró de Apelaciones de Inmigración (BIA), Prada dijo haber optado por la demanda civil.
Timothy M. Cole, juez de inmigración de Miami, dictaminó sorpresivamente el pasado enero que cualquier inmigrante procesado por el DHS sin una orden de deportación fuera puesto en libertad condicional por ley, por lo que podría solicitar un ajuste de su estatus y obtener una tarjeta de residencia. Sin embargo, aún no ha recibido el certificado final del BIA.
En el epicentro de esta batalla legal han estado Prada y su firma Prada & Urizar desde 2018, alegando que las actuales circunstancias son similares a cuando la crisis migratoria de 1995 «tuvo que ser resuelta por un memorando administrativo».
Hizo referencia con esto al memorando emitido en 1999 por Doris Meissner, la entonces Comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS). El documento titulado «Clarificación de Elegibilidad para la Residencia Permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano», estipuló que los cubanos que llegaran por cualquier punto de Estados Unidos eran elegibles para ajustar su estatus como residentes legales por la CAA, eliminando el limbo legal en el que quedaban miles de cubanos al ser admitidos en territorio estadounidense por la normativa de «pies secos/pies mojados». Otros posibles beneficiarios serían los alrededor de 8.000 y 10.000 cubanos que lograron entrar a Estados Unidos durante los últimos tres años, sin haber sido registrados por las autoridades.
