El jefe de la Dirección General de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior (DACCRE), Ernesto Soberón, aseguró que la prohibición de entrada indefinida a la isla que implementa el Gobierno cubano contra naturales solo afecta a «un ínfimo grupo», el que es sancionado por vincularse a los «sectores más reaccionarios de la ultraderecha anticubana».
El supervisor de la entidad subordinada a la Cancillería cubana alegó que la citada «limitación de entrada» está destinada a velar por «nuestra seguridad nacional, según lo dispuesto en las leyes cubanas».
El alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) explicó al medio OnCuba que en ese grupo se hallan los ciudadanos cubanos que abandonaron una misión oficial, por lo que su sanción es solo temporal. Cientos de médicos, deportistas, artistas y demás profesionales enviados cada año al exterior (como parte de delegaciones estatales) se niegan a regresar a la isla y se quedan residiendo en los países de destino, por lo que son castigados con un mínimo de 8 años sin poder viajar a la isla por ningún motivo.
Esta normativa ha sido criticada hasta por lo mismos partidarios y defensores públicos del Gobierno cubano, como Carlos Lazo (emigrado y portavoz cubano en Estados Unidos) y el músico Israel Rojas. De igual forma, ha sido calificada por los propios afectados y por observadores externos como un mecanismo de tortura y castigo, el que perjudica tanto a los infractores como a sus familias asentadas en el isla.
Soberón enfatizó en que este fenómeno debe juzgarse con el peso de las graves implicaciones negativas que ejerce el abandono de una misión oficial, «para Cuba y para el país donde brindan sus servicios nuestros colaboradores».
El Gobierno cubano ha reconocido que la exportación de servicios profesionales (sanitarios, principalmente) constituye la primera o una de las primeras fuentes de ingresos para sus arcas, pues se apropia del 75% del monto total que estos países de destino abonan por concepto de salario de cada profesional contratado.
Cifras oficiales revelan que esta actividad generó a La Habana beneficios de unos 6.400 millones de dólares.
Encima, y habiendo entregado 3 cuartas partes de sus sueldos, todos los cubanos exportados quedan fuertemente custodiados y bajo una hermética restricción de libertades básicas por cuestiones políticas y para evitar deserciones.
La misma Organización de Naciones Unidas (ONU) ha amenazado a la isla caribeña con declarar estas condiciones como formas de «trabajo forzoso» y «esclavitud moderna», por causa de denuncias de organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
Sin embargo, no han sido pocos los casos de cubanos emigrados que han recibido la prohibición de entrada al país cuando no se tiene evidencias de su vinculación con movimientos de «ultraderecha».
Por ejemplo, la periodista cubana Karla Pérez intentó ingresar en la isla en el mes de marzo de este 2021, pero fue acusada de querer regresar por «propósitos subversivos» (no fundamentados). La joven se encontraba cursando estudios en Costa Rica y se vio forzada a solicitar refugio político en dicho país latino cuando no fue autorizado su regreso.
El directivo del MINREX no abordó otros temas relacionados, como el de los tantos cubanos (activistas, opositores y cualquier persona con actos contestatarios) bajo constante proceso de «regulación» por parte de la policía política (por el que no pueden salir del país), o el del costo del pasaporte cubano (el más caro del mundo).
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha contabilizado que cerca de 1.757.300 cubanos residían en el exterior de la isla hasta el año 2020.
Por su parte, la Oficina del Censo de Estados Unidos tenía reportados a 1.359.990 cubanos con residencia permanente en su país hasta 2019 (y unos 500.000 de ellos mantenían también su residencia legal en Cuba).
