La opositora iniciativa ciudadana Archipiélago, la que cuenta ya con más de 21.000 miembros, publicó en redes sociales una misiva que fue emitida y entregada en las oficinas del Gobierno de La Habana y en el Consejo de la Administración del municipio Habana Vieja, donde se informó sobre la celebración de una marcha pacífica a favor de los derechos humanos y contra la violencia, que tomará lugar el próximo 20 de noviembre.
Con el propósito de defender la búsqueda de consensos y diálogos en la construcción de una Cuba para todos, una veintena de activistas firmaron el documento, como el dramaturgo Yunior García Aguilera, el artista Julio Llópiz Casal, Manuel Cuesta Morúa y Marthadela Tamayo.
La manifestación presentará como sus principales demandas el respeto a los derechos del pueblo cubano, la liberación de los presos políticos y el esfuerzo conjunto para encontrar soluciones «a las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas».
Anamely Ramos, curadora de arte y miembro del Movimiento San Isidro (MSI), explicó desde su perfil de Facebook que la fecha de la acción fue determinada debido a que constituye el primer sábado tras la apertura de las fronteras nacionales al turismo foráneo.
La activista agregó que en los próximos días también se entregarán cartas oficiales a entidades del Gobierno para la realización de marchas similares en otros territorios del país, e invitó a cubanos emigrados a acompañar las actividades desde sus respectivos países de residencia.
La misma argumentó que el objetivo de la comitiva es realizar manifestaciones pacíficas (un derecho humano reconocido en la propia Constitución de la República de Cuba) de la manera más civilizada y bienintencionada posible, pero advirtió que «violar o impedir el ejercicio pleno de este derecho constituye un delito» y que los implicados esperan respeto por parte de las autoridades.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), por su parte, aseguró el martes que su dirección y miembros piensan respaldar y visibilizar la iniciativa.
El CTDC precisó que una de las metas de las marchas radica en ampliar la interacción con otras organizaciones de la sociedad civil de dentro y de fuera de Cuba, pues los firmantes son integrantes de Archipiélago, del CTDC, de la Plataforma 27N y del MSI. Por esto, se abrirá un proceso de consulta.
De esta forma, el Consejo propuso una serie de procedimientos a seguir, entre los que se encuentran el «empoderamiento constitucional y legal» a los potenciales participantes. La Constitución vigente, como recordó a propósito del asunto, «tiene un cuerpo de derechos fundamentales que todos deben conocer, al tiempo que las leyes vigentes establecen un conjunto de garantías y de sanciones a los funcionarios que limiten, coaccionen o impidan el ejercicio de derechos ciudadanos».
De igual forma, estará ofreciendo «talleres de educación cívica, comportamiento pacífico y de tolerancia».
El CTDC justificó su posición diciendo que «las jornadas de julio, pacíficas en lo fundamental, fueron testigos de actos violentos que debilitan la imagen de las protestas pacíficas, causan daños a personas y propiedades y distraen de las demandas legítimas y fundamentales de la ciudadanía. La violencia habitual del Estado no debe ser imitada por las y los ciudadanos».
Además, se enfocará su atención hacia «una acción diplomática, dentro y fuera de Cuba, a través de la Secretaría de Exteriores y de otros activistas o ciudadanos cubanos que lo deseen», en función de comunicar los objetivos de la marcha, el fundamento constitucional y legal que la respalda, así como pedir «el acompañamiento activo en caso de que se siga verificando la violación flagrante de los derechos humanos» de los cubanos.
Finalmente, adelantó que se estarán realizando «acciones de visibilización de la marcha pacífica y de todos y todas quienes se involucren en el proyecto».
El dramaturgo Yunior García Aguilera dijo, en el último agosto, que estará defendiendo el derecho a realizar dichas manifestaciones pese a la publicación del Decreto-Ley 35, que prohíbe hacer convocatorias a protestas utilizando internet.
El proyecto ciudadano que emprendió, Archipiélago, «defiende la búsqueda de consensos en la construcción de un país para todos, sin que una parte se sienta dueña de toda la verdad; la proposición de acciones concretas que eviten los caminos violentos; así como el respeto, el civismo y la defensa firme de nuestros derechos».
En su comunicado, García recalcó que «la soberanía no puede interpretarse como el control absoluto de una élite o cúpula sobre el resto de la sociedad», pues «reside en el pueblo, de forma intransferible». También acotó que continuarán promoviendo reformas «por vías legítimas y pacíficas», así como «el debate amplio, libre y respetuoso», «la liberación de todos los detenidos y condenados de manera injusta, «el derecho a manifestarnos pacíficamente», además del derecho impostergable de «llegar a las urnas para cumplir allí la voluntad soberana de nuestros ciudadanos».
