El Gobierno cubano ha exacerbado en este último mes su viejo hábito de culpar al embargo estadounidense por todos los males de la isla, sobre todo de la crítica escasez de alimentos, combustible y medicamentos que llevó al pueblo cubano a estallar en una histórica ola de protestas a lo largo y ancho del país.
Los funcionarios referentes al sector de la Salud han insistido en que la pandemia de coronavirus no para de agravarse como consecuencia de que el embargo limita la importación de componentes cruciales para la fabricación de vacunas e insumos médicos generales.
El propio presidente cubano y primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), Miguel Díaz-Canel, calificó al bloqueo de ser una «política de asfixia económica» y «genocida».
En realidad, el embargo sí es una limitación para la importación de productos desde Estados Unidos hacia Cuba, pero no la impide completamente.
El embargo estadounidense fue impuesto por el presidente John F. Kennedy en el año 1962, como respuesta al proceso de nacionalización (confiscación) de negocios y propiedades norteamericanas en la isla por parte de la Revolución de Fidel Castro, la que constituyó la expropiación de activos estadounidenses más grande conocida hasta la fecha.
Las víctimas de este proceso han continuado tramitando sus reclamaciones certificadas (para un total de 5.913 sin resolver, por un valor de 1.900 millones de dólares).
El embargo ha sido modificado en numerosas ocasiones con el transcurso del tiempo, componiéndose el complejo legal de inmensidad de capas que se conoce hoy.
Pedro Freyre, presidente de la Práctica Internacional de Akerman (la que brinda asesoría legal a las empresas con sede en Estados Unidos afectadas por el embargo), aseguró que dicha política norteamericana «tiene más agujeros que un queso suizo».
El trámite para que Estados Unidos exporte alimentos hacia Cuba se vuelve engorroso cuando se toma en cuenta que para ello es requerida una serie de autorizaciones y licencias de los Departamentos de Hacienda y Comercio.
No se pueden enviar medicamentos y suministros médicos del país norteño al caribeño si existe la «probabilidad razonable» de que sean empleados en torturas, reexportaciones o en la producción de la industria biotecnológica cubana.
No obstante, el Departamento de Estado suele autorizar sin mayores problemas la exportación de productos agrícolas (como pollo, soja y maíz), medicinas, equipos médicos y bienes humanitarios.
Este reglamento impide que terceros países comercien con Cuba productos compuestos con un 10% de contenido creado en Estados Unidos, al menos sin una licencia afín.
Cuba, dado que el bloqueo no le permite obtener financiamiento de empresas estadounidenses, se ve obligada a pagar las importaciones con moneda fuerte.
Encima, los bancos internacionales evitan usualmente establecer relaciones comerciales con Cuba, pero, en este caso, tiene mucho más peso el hecho de que Cuba tiene un pésimo historial de impagos que la influencia del embargo.
Freyre, señalando que la economía centralizada y marxista de la isla constituye el principal motivo de su pobreza, explicó que «la economía cubana es tan pequeña y las condiciones son tan difíciles que simplemente no es un mercado muy atractivo”.
Las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética se fortalecieron con la imposición del embargo, lo que condujo a que se produjera la crisis de los misiles cubanos. La Unión Soviética representó un apoyo crucial para el desarrollo de la isla durante décadas, hasta que colapsó en 1991 y sumió a Cuba en una crisis de la que aún no ha logrado recuperarse por completo.
El embargo se reforzó durante este período gracias a que Estados Unidos aprobó la Ley de Democracia Cubana. Ella implica que solo podría levantarse el embargo en caso de que el presidente informe el Congreso norteamericano que Cuba ha cumplido una serie de requisitos declarados.
La Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba (LIBERTAD) se aprobó en 1996, y pasó a ser conocida como Ley Helms-Burton. Esta estipula que las leyes y regulaciones existentes serán permanentes a menos que el Congreso apruebe su levantamiento o si Cuba cumple una serie ampliada de condiciones, incluido «un Gobierno de transición». Como parte de la ley, aunque no fue promulgada hasta la Administración Trump, también se posibilitó que los dueños originales de propiedades cubanas confiscadas por Castro demanden en tribunales norteamericanas a compañías extranjeras que las usaban para sus negocios.
Promulgada en 2000, la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones posibilitó la venta directa de productos agrícolas y otros alimentos a Cuba.
Las restricciones al comercio resultaron suavizadas durante el gobierno de Obama, así como las transacciones financieras y los viajes entre Estados Unidos y Cuba. Trump, sin embargo, revirtió la mayoría.
Durante los años de Obama, se suavizaron las restricciones al comercio, las transacciones financieras y los viajes entre Estados Unidos y Cuba, pero Trump revirtió gran parte de ellas.
