La trágica decadencia de la industria azucarera cubana, la que fue una de las mayores del mundo antes de 1959, comenzó cuando la Revolución de Fidel Castro expropió todos los centrales, plantaciones de caña y medios de transporte de la isla en 1960.
Lo que el Gobierno quería pasar como una socialización de medios de producción, en realidad fue una privatización masiva para el beneficio del Comandante en Jefe, supremo dueño y dirigente del sector, quien envolvió esta maquiavélica jugada en una retórica socialista para disfrazar sus verdaderas intenciones.
Fidel intentó primeramente que la industria azucarera se dirigiera desde una improvisada estrategia de industrialización y diversificación agrícola, una con corte evidentemente estalinista, la que terminó siendo una política de demolición azucarera que desmanteló alrededor de 130.000 hectáreas de caña a partir de 1961. Cuba pasó de producir 6,8 millones de toneladas métricas anuales a 3,9 millones en cuestión de 2 años.
Debido a la desvinculación con el Gobierno de Estados Unidos y con su mercado, el impacto en la economía cubana fue drásticamente negativo.
La estrategia empleada para la dirección de una de las esferas económicas más importantes de Cuba demostró la extrema irresponsabilidad de Castro como cabecilla de la economía nacional.
Visto lo visto, el dirigente decidió tomar medidas radicales y anunció en 1964 la nueva política azucarera, dirigida a producir 10 millones de toneladas de azúcar para 1970 (algo extremadamente difícil de cumplir, por no decir imposible).
Castro anunció esta meta para lograr que Cuba se convirtiera en el proveedor por excelencia del bloque comunista, para sorpresa del personal de la Junta Central de Planificación (JUCEPLAN) y del propio Che Guevara, titular del Ministerio de Industrias por ese entonces.
Pese a que ni la población cubana ni expertos en cuestiones económicas y en los renglones azucarero y agropecuario recibieron con confianza la noticia, la medida se llevó adelante.
El escepticismo general sobre la propuesta fue tanto que Orlando Borrego, el entonces ministro del Azúcar y gran allegado al Che y a Castro, fue relegado de su cargo al manifestar sus dudas sobre la factibilidad de la zafra.
Al estar cerca la zafra de 1970, Fidel Castro ordenó movilizar todos los recursos disponibles, por lo «la batalla de todo el pueblo» perjudicó considerablemente los procesos productivos en los sectores no azucareros. Aspectos de eficiencia y costo fueron pasaron por alto en aras de seguir las directivas de Castro sobre la meta de los diez millones siendo «una cuestión de honor».
Muchos analistas tampoco recayeron en que el foco de atención se centraba en el objetivo de los 10 millones de toneladas de azúcar en términos físicos, dejando a un lado consideraciones financieras, lo que confirma que la concepción del sistema comunista que deseaba para la isla no era compatible con las relaciones mercantiles y el consecuente uso del dinero.
Castro también dio órdenes en 1969 de socializar todo el sector privado, abarcando microempresas y puestos callejeros, además de cancelar la práctica de la contabilidad en las empresas.
La realidad es que el gran esfuerzo que se logró para la zafra terminó en un gran fracaso en términos físicos, y no existe evidencia de que el Gobierno supiera el costo final de la producción que se consiguió.
La acción de Castro, incluso desde antes de la victoria revolucionaria, fue dada a la improvisación y a la desorganización, implementando formas primitivas de institucionalización donde un solo mando rige todas las esferas, incluyendo las que no conoce, pero su innegable carisma y espíritu de liderazgo le valieron seguidores de todas formas.
Sus iniciativas se basaban en caprichos y anhelos de desarrollo para los que el país no estaba preparado, por lo que gran parte de los proyectos que ordenó a emprender acabaron aglutinados dentro de la categoría de grandes cantidades de dinero malgastado.
Es por ello que la Cuba se encuentra en una pésima situación económica, pues ha faltado un sistema de gobierno y administración donde las instituciones y empresas estimulen el trabajo en equipo en lugar de la sarta de ordenanzas personalizadas al cual la isla ha estado acostumbrada.
