LafargeHolcim, una multinacional especializada en materiales de construcción con sede en Suiza, acordó el pasado 20 de mayo pagar una compensación a los familiares del cubano dueño de la propiedad que la empresa está utilizando en la isla, confiscada por el Gobierno de Fidel Castro hace más 6 décadas, a través de una demanda presentada en Estados Unidos.
Un tribunal de Florida aceptó esta demanda de indemnización por daños y perjuicios por un valor de 270 millones de dólares en octubre de 2020. La multinacional, el tercer productor mundial de cemento, se halla utilizando las tierras que fueron nacionalizadas.
Dicho terreno se halla en la localidad de El Guabairo (Cienfuegos). La hacienda azucarera Soledad fue decomisada en el año 1960 a la familia Claflin de Boston para construir allí la fábrica de Cemento Carlos Marx.
El alegato de demanda asegura que Holderbank (actualmente conocida como LafargeHolcim) ha sido partícipe de la producción en la planta de cemento Carlos Marx desde el año 2001, gracias a una “red compleja de empresas y transacciones”.
El ministro de la Industria Básica de Cuba por aquellos años, Marcos Portal, redactó y firmó una carta el 1ro de julio del 2000 donde reconoció que La Habana había aceptado “la oferta presentada por Ibersuizas-Holderbank de establecer una empresa conjunta en la planta Carlos Marx”. Esta misiva fue citada en un artículo del periódico The Miami Herald, publicado en 2014, que fue utilizado como evidencia en el juicio.
Les llegó una advertencia gracias a un fax fechado el 12 de junio de 2000 del bufete Arnold & Porter de Washington, entonces consultor de Holderbank, que decía que el proyecto de Cienfuegos constituía un “riesgo significativo e inmediato” bajo la Ley Helms-Burton debido a que la planta estaba emplazada en terrenos requisados a ciudadanos estadounidenses. Les recomendó que la única forma viable era “llegar a un acuerdo negociado” con tales antiguos propietarios.
El acuerdo negociado más de dos décadas luego de dicho consejo legal denotó el primer triunfo a favor de unos demandantes bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, habilitado por el presidente Donald Trump desde mayo de 2019.
La publicación especializada en el comercio entre Cuba y Estados Unidos Cubatrade.org aclaró que resulta poco probable que la Casa Blanca cancele las demandas del Título III de la Ley Libertad teniendo en cuenta el primer acuerdo que involucra a reclamantes certificados, que son 5.913.
CubaTrade valoró que la liquidación podría ser un interés anual basándose en las pautas de adjudicación del Título III de la Ley Libertad, pues el activo fue expropiado, sumando a esto daños triplicados, honorarios de consultoría legal, lo que en total podría ascender a 140 millones de dólares, aunque admitió que se desconoce si se revelará el monto final.
